El Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema) cuestionó duramente el avance de la investigación en la causa conocida como la “mafia del asfalto”, tras las primeras imputaciones dispuestas por el Ministerio Público.
El gremio sostiene que el proceso penal busca “cortar la piola por la parte más delgada” al procesar únicamente a funcionarios de baja jerarquía, mientras que las autoridades responsables de autorizar los procedimientos administrativos continúan fuera del alcance de la Justicia.
Sindicatos denuncian que la Fiscalía busca responsabilizar a peones
Julio Fernández, secretario general de Sinoema, afirmó que existe malestar en la dependencia debido a la forma en que la administración remite los antecedentes a la Fiscalía. “Lo que nos llama la atención es cómo la administración, creemos nosotros, en forma malintencionada, está pasando los informes a la Fiscalía, donde prácticamente le libera a los responsables de Vialidad”, expresó el dirigente sindical tras una reunión mantenida en la sede de la dependencia municipal.
“Lo que nos llama la atención es cómo la administración, en forma malintencionada, está pasando los informes a la Fiscalía, donde prácticamente le libera a los responsables de Vialidad”Julio Fernández, secretario general de Sinoema
El representante gremial insistió en que las jefaturas de la Dirección de Vialidad firmaban las autorizaciones diarias y no pueden alegar desconocimiento sobre el desvío de insumos masivos. “Ellos son los que firman y autorizan cualquier tipo de acción. No pueden decir ‘yo no sé’ que salieron 200 toneladas de asfalto tranquilamente”, aseveró Fernández al cuestionar que la responsabilidad penal recaiga solo en la parte operativa.
Desde el gremio denunciaron que las medidas administrativas internas ya provocaron el despido de un trabajador contratado y el sumario de personal nombrado que ni siquiera estuvo en las obras investigadas. Por este motivo, el sindicato anunció que solicitará audiencias con los fiscales de la causa para evitar que peones, capataces y miembros de cuadrillas asuman en soledad las consecuencias de un esquema superior.
El interventor aclara que el proceso recién empieza y promete ampliar nómina
Ante los reclamos del sector sindical y los denunciantes, el interventor de la Dirección de Vialidad, Óscar Pérez, aclaró que la nómina inicial de imputados no representa el cierre de la investigación penal. Pérez mantuvo este viernes una reunión con el personal de la dependencia para intentar calmar las aguas, y para explicar la dinámica del proceso que lleva adelante el Ministerio Público.
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El interventor remarcó que las actuaciones fiscales apenas inician su etapa formal de recolección de elementos probatorios sobre las irregularidades detectadas. “Lo que ahora hay que tener en cuenta es que recién empieza a correr un plazo en el marco de las investigaciones e indefectiblemente va a haber más nombres incluidos”, sostuvo el interventor al referirse al curso de las causas penales en desarrollo.
“Lo que ahora hay que tener en cuenta es que recién empieza a correr un plazo en el marco de las investigaciones e indefectiblemente van a haber más nombres incluidos”Óscar Pérez, interventor de Vialidad.
Ante las críticas del abogado denunciante sobre la concentración de la investigación en los trabajos realizados en el predio de la firma Cóndor, Pérez dijo que la investigación también está abierta sobre la denuncia anterior, de los trabajos realizados en Punto Perón. “Los fiscales ya han solicitado las documentaciones correspondientes en relación tanto con el caso del asfalto como al tema de los combustibles”, afirmó el interventor respecto a las diligencias en curso.
Pérez confirmó que al asumir constató un nulo sistema de control en la carga de carburantes, operado de manera precaria “a ojímetro con baldes y embudos”. Ante la nula posibilidad de fiscalización previa y la ampliación de la denuncia formulada por el concejal Pablo Callizo sobre la continuidad de estas maniobras, Pérez solicitó una prórroga de 15 días a la Intendencia para auditar a fondo el sector y entregar un informe conclusivo sobre el perjuicio en combustibles.
Callizo tilda de “protección política” la omisión de cúpula en imputación
El concejal Pablo Callizo (PPQ), denunciante del esquema de presunta corrupción, criticó las primeras imputaciones de la Fiscalía y denunció que las autoridades principales del esquema continúan impunes. El edil cuestionó que el Ministerio Público centre sus acciones exclusivamente en operarios de menor jerarquía, mientras altos mandos, como el exdirector Nicolás Duarte, siguen impunes.
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El concejal lamentó que miembros del entorno del exdirector continúen ocupando cargos operativos y administrativos dentro de la Dirección de Vialidad. Atribuyó su permanencia a un “cuoteo político” ligado a la campaña del oficialismo y urgió a la Fiscalía a investigar a las cabezas. “Yo no estoy justificando a los funcionarios imputados, pero mi cuestionamiento es por qué al resto del esquema no se le está investigando para deslindar responsabilidades”, concluyó.
“Según los registros que nosotros tenemos del TSJE y del Registro Civil, esa persona está fallecida”Pablo Callizo (PPQ), concejal de Asunción
Entre las severas irregularidades detectadas en la imputación formulada por los fiscales, Callizo insistió en que el Ministerio Público está procesando a una persona fallecida, en referencia a Lilian Ramona Benítez Ortiz. “Según los registros que nosotros tenemos del TSJE y del Registro Civil, esa persona está fallecida. Entonces, ¿por qué se está imputando a un fallecido en este proceso?”, cuestionó el edil al poner en duda la rigurosidad del trabajo investigativo de la representación fiscal.
El concejal rechazó tajantemente la narrativa que intenta posicionar a la administración municipal como una víctima inocente del actuar aislado de dos o tres funcionarios. Callizo calificó de inverosímil que un puñado de operarios haya movilizado sin autorización superior cuatro camionadas con 70 toneladas de asfalto. “Acá hay todo un esquema que en la imputación por lo menos no está incluido”, aseveró al remarcar que una maniobra de tal magnitud requirió necesariamente la orden directa de las jefaturas.
Origen del esquema: desvío de asfalto y el “festival” de combustible
Las investigaciones penales e internas sobre la “mafia del asfalto” se desencadenaron tras la denuncia formalizada el 17 de julio por el concejal Pablo Callizo (PPQ) ante Delitos Económicos de la Fiscalía. La presentación expuso un presunto sistema de recaudación paralela dentro de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción.
De acuerdo con los documentos elevados a la Fiscalía, el esquema utilizaba bienes públicos para obras privadas mediante falseamiento de registros. Los insumos, maquinarias y cuadrillas operativas eran destinados a trabajos particulares que luego figuraban en las planillas oficiales como mantenimiento vial de la comuna.
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En el recinto de la Junta Municipal, Callizo denunció que la maniobra tenía trasfondo político. El edil afirmó que los cobros irregulares respondían a una directiva de recaudación de fondos destinada a financiar la campaña electoral de Camilo Pérez (ANR-cartista) de cara a las elecciones del 4 de octubre.
En el ámbito administrativo, la investigación interna realizada por el interventor derivó en la apertura de sumarios a 20 funcionarios de Vialidad. A diferencia del proceso penal inicial, la nómina sumariada por el municipio sí incluyó al exdirector Nicolás Duarte y a su cúpula administrativa inmediata.