El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), dio a conocer este martes una nota remitida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el que manifiesta su predisposición absoluta y la de su administración para colaborar con el Ministerio Público en la investigación abierta en torno al esquema conocido como la “mafia del asfalto”, asegurando que facilitarán todos los documentos requeridos.
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En sus redes sociales, el jefe comunal enfatizó que su gestión no encubrirá ninguna irregularidad administrativa. “Esta mañana se concretó la constitución de la Fiscalía en la Dirección de Vialidad. Reafirmamos nuestra plena apertura y colaboración con la investigación. No vamos a tolerar ninguna irregularidad. Los responsables deberán responder ante la ley”, dijo en su cuenta de X.
Asimismo, Bello indicó que instruyó a las direcciones municipales involucradas en contrataciones viales, la entrega inmediata de expedientes, planillas de ejecución y contratos firmados para cruzar datos con los fiscales asignados a la causa penal.
Mafia del asfalto: antecedentes de la denuncia e implicancias
Las pesquisas de la Fiscalía se originaron tras la denuncia penal presentada por el concejal Pablo Callizo (PPQ), quien expuso un esquema de corrupción dentro de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, que desviaba recursos públicos para beneficios particulares.
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Bajo este sistema, funcionarios municipales utilizaban mezcla asfáltica, maquinaria pesada y camiones de la comuna para realizar obras de pavimentación en predios privados durante el horario laboral. Para ocultar estas actividades, los trabajos se camuflaban en las planillas internas como tareas de mantenimiento vial municipal, llegando a utilizar empresas pantalla y números telefónicos de los propios empleados de Vialidad.
Las primeras denuncias de Callizo datan de julio de 2022 (asfaltado en Sajonia). En junio de 2026, se detectó el desvío de 70 toneladas de asfalto para un complejo deportivo en Itá Enramada, y semanas después, otra cantidad similar para una empresa privada, con un perjuicio patrimonial estimado en unos G. 500 millones.
A raíz de estas denuncias y protestas de funcionarios, el intendente Luis Bello dispuso la intervención de la Dirección de Vialidad el 16 de julio de 2026, apartando al director Nicolás Duarte y otros jefes. La intervención confirmó el consumo excesivo de combustible, manipulación de registros y la inutilización de cámaras de seguridad.