El intendente Luis Bello (ANR-HC) anunció en la tarde de este jueves la intervención de la Dirección de Vialidad, a cargo de Nicolás Duarte. La medida surge un día después de que el concejal Pablo Callizo (PPQ) volviera a denunciar ante el pleno de la Junta Municipal un nuevo caso de utilización de bienes municipales con fines particulares.
Lea más: Pacto “cicatriz” en Asunción: colorados revierten rechazo al balance de Nenecho y Bello
Pero el detonante para la decisión del intendente fue una medida de fuerza de los funcionarios de Vialidad que tomaron la dependencia esta mañana, luego de que el director haya intentado deslindar responsabilidades, culpando a los trabajadores del supuesto esquema de recaudación paralela. Gremios sindicales señalaron que los propios funcionarios denunciaron “orden superior” para realizar trabajos privados fuera del horario laboral.

Desde la Municipalidad confirmaron que el intendente nombrará en breve a un interventor. Este encabezará la investigación de las denuncias y deberá elevar posteriormente un informe detallado de los hallazgos.
Antecedentes: cartismo aprobó aumentos para comprar insumos, pese a denuncias
El concejal Pablo Callizo había denunciado un caso idéntico el 24 de junio, que fue ignorado tanto por el oficialismo en la Junta Municipal como por la Intendencia. En aquella oportunidad, ediles del oficialismo bloquearon la presentación de una denuncia penal, bajo el argumento de escuchar primero al director.

La semana pasada, la mayoría oficialista, por pedido de Bello, aprobó un aumento de G. 4.530 millones para contratos para la compra de insumos para la Dirección de Vialidad. Esta ampliación fue criticada por la oposición, que advirtió de su utilización dentro de un posible esquema de “recaudación paralela” para financiar la campaña política para las elecciones del 4 de octubre.
Según archivos de ABC, esta práctica no es nueva. El concejal Callizo ya había denunciado en julio de 2022 el uso de recursos municipales en predios privados. En aquella oportunidad, los trabajos denunciados habrían sido desviados de la avenida Carlos Antonio López para beneficiar un estacionamiento cercano al Palacio de Justicia.
