La Comisión de Legislación de la Junta Municipal de Asunción sesionó este lunes, pese a lo cual no emitió un dictamen favorable sobre el nuevo de contrato colectivo de trabajo, firmado por el intendente Luis Bello (ANR-cartista) con los sindicatos de funcionarios, Simuca, Sitrama y Sinoema. La ausencia de resolución frena de forma temporal el trámite de homologación, que los gremios pretenden antes del recambio de autoridades municipales, previsto para la primera semana de noviembre.
Junta Municipal de Asunción frena dictamen del contrato colectivo de Luis Bello
Tras la reunión de la comisión, el concejal opositor Humberto Blasco (PLRA) denunció la presión ejercida por la dirigente Gladys Galeano, referente del sindicato Simuca, quien asistió para exigir el despacho favorable. Según el edil, Galeano instó directamente a la bancada colorada oficialista a valerse de su mayoría política para forzar la aprobación del dictamen previo al traspaso de mando.
Blasco argumentó que la actual corporación legislativa no cuenta con el marco de validez política oportuno para definir el acuerdo laboral a semanas de la asunción de la nueva administración, que estará a cargo de la electa intendenta, Soledad Núñez. Al evaluar la legitimidad institucional del debate en la Junta saliente, Blasco manifestó: “Todos coincidimos en que ya sería ilegítimo que esta Junta Municipal toque ese tema”.
Asimismo, el concejal liberal detalló el comportamiento del sector gremial durante la discusión interna y remarcó la imposibilidad de tratar el proyecto sin el dictamen previo de las comisiones de trabajo. Sobre el punto, Blasco afirmó: “Apeló al bloque oficialista ya de entrada, nos despreció como bloque opositor” y añadió que “Felizmente no se dictaminó en la comisión y sin dictamen es imposible presentar sobre tablas”.
Huelga municipal en Asunción: Sindicatos confirman paro escalonado y planillas de firmas
Ante la falta de avance parlamentario, la cúpula sindical, representada por Alberto Gaona, secretario general de Sitrama, anunció el inicio de acciones de protesta institucionalizadas a través de un video difundido por el gremio. En el material audiovisual, el dirigente advirtió sobre la puesta en marcha de un plan de paralización que contempla un paro escalonado y el posterior llamado a huelga.
Gaona fundamentó la postura de los trabajadores en la necesidad de ratificar las garantías que habían logrado con la aprobación de una reglamentación de la Ley del Servicio Civil, normativa que, aseguró, alcanzó a 900 contratados y 4.400 jornaleros municipales. El representante sindical sostuvo que la homologación del nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo es indispensable para consolidar el texto como norma obligatoria e inalterable que resguarde los puestos laborales.
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Respecto al trámite legal, el secretario general expuso los pasos administrativos necesarios para formalizar la huelga en la administración pública comunal. El procedimiento indicado abarca la conclusión de las instancias de paritarias, la apertura de la mediación ante el Ministerio de Trabajo, la votación en asamblea y la carga de planillas de firmas.
Para respaldar las medidas de protesta, los gremios Sitrama, Sinoema y Simuca habilitaron planillas de recolección de firmas en sus respectivas sedes sindicales. El registro busca validar legalmente las resoluciones adoptadas en asamblea extraordinaria y coordinar las bases operativas ante la inminente movilización en las dependencias de Asunción.
Transición de Sole Núñez y el millonario impacto financiero del contrato colectivo
En el marco del inicio de los trabajos de transición institucional, el equipo de la intendenta electa Soledad Núñez comenzó el análisis del expediente laboral. Stephan Rasmussen, coordinador del equipo de transición, confirmó la revisión de los documentos y recordó que la postura mantenida por los ediles opositores consistía en devolver el acuerdo a la Intendencia.
Por su parte, el concejal Blasco advirtió sobre los riesgos normativos que implicaría intentar un dictamen de comisión durante el desarrollo del pleno extraordinario de la Junta. Al referirse a una eventual maniobra legislativa, señaló: “Sería para mí muy temerario, pero aparte creo que sería muy difícil de juntar las mayorías para convertir la sesión plenaria en comisión y en comisión dictaminar”.
El intento de homologar el contrato colectivo en vísperas de las elecciones municipales generó cuestionamientos de diversos sectores políticos sobre el impacto táctico de la medida. Ediles como Álvaro Grau (PPQ) calificaron el apresuramiento de la administración saliente del intendente Luis Bello como un desacierto político frente a compromisos de difícil cumplimiento legal.
El convenio generó alertas por sus implicancias presupuestarias para la comuna asuncena, donde las proyecciones técnicas estiman un incremento de G. 38.767 millones para el ejercicio 2027. La eventual aprobación acentuaría la rigidez financiera de la capital, cuyo presupuesto destina US$ 121 millones al rubro salarial frente a US$ 7 millones ejecutados en inversión pública.