La falta de cuórum por segunda vez consecutiva en la Junta Municipal de Asunción, frustró este jueves la sesión en la cual debía ingresar formalmente el nuevo contrato colectivo de trabajo impulsado por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), que debe ser refrendado o rechazado por los concejales.
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En consecuencia, funcionarios municipales tomaron las instalaciones de la comuna y lanzaron una amenaza de paro general hasta que el documento sea admitido para su estudio, en medio de fuertes cruces políticos, a días de las elecciones municipales del 4 de octubre.
Fallida sesión, ausencias, maniobra opositora y toma de la comuna
La Junta Municipal de Asunción volvió a vivir este jueves otra jornada de tensión política al frustrarse por segunda vez consecutiva la realización de la sesión en la cual debería darse entrada oficial al polémico contrato colectivo de trabajo firmado por el intendente Luis Bello con tres gremios de funcionarios.
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La reunión quedó nuevamente sin efecto legal por falta de cuórum, evidenciando una profunda fractura política entre los colorados cartistas a pocos días de las elecciones municipales, fijadas para el próximo 4 de octubre.
El bloqueo legislativo estuvo marcado por una estrategia de la bancada opositora, cuyos concejales optaron por no ingresar a la sala de sesiones como medida de rechazo.
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Los ediles opositores calificaron de inoportuno y electoralista el estudio de un acuerdo con los sindicatos, de gran envergadura financiera, con el único fin de favorecer al candidato oficialista, Camilo Pérez (ANR-cartista).
A esta maniobra se sumaron nuevamente las ausencias determinantes dentro del propio oficialismo colorado, lo que dinamitó cualquier posibilidad de reunir los números requeridos. Concejales cercanos a la gestión de Luis Bello, como Karina Acuña (ANR-cartista) y César “Ceres” Escobar (ANR-cartista), que también son nuevamente candidatos a concejales, brillaron por su ausencia en la plenaria. A ellos se sumó la concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente), quien sí había estado presente el miércoles, cuando tampoco hubo cuórum.
Ante el estancamiento y la negativa a tratar el documento, cientos de funcionarios municipales tomaron dependencias clave de la comuna. Posteriormente, los manifestantes salieron a las calles realizaron marchas y bloqueos temporales en los accesos de la institución, exigiendo una sesión extraordinaria urgente y lanzando una tajante advertencia de declarar un paro general si sus reclamos laborales siguen cajoneados.
Sindicatos cuestionan a concejales oficialistas y advierten de posible voto castigo el 4 de octubre
Alberto Gaona, secretario general del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Sitrama), uno de los gremios que defiende el nuevo contrato, argumentó que el documento busca subsanar los abusos de la Ley Nº 7445, del Servicio Civil. “La ley no le permite al jornalero cobrar título universitario. No le permite al jornalero tener hora extra, no le permite al jornalero tener ni un cargo. El contrato colectivo sí le da esa herramienta”, aseveró.
Gaona también cuestionó la precariedad laboral bajo la normativa vigente y enfatizó la urgencia de proteger a los jornaleros frente a los escenarios políticos actuales. “La candidata opositora, Soledad Núñez, planteó que iba a despedir 5.000 personas. Soledad Núñez se presenta frente a PMT diciendo que va a diezmar esa dirección”, remarcó.
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Por su parte, la secretaria general del Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), Gladys Galeano, disparó con dureza tanto contra los concejales opositores como contra los ausentes del sector oficialista. “Para nosotros Karina Acuña es la responsable de esta situación, porque ella tenía que haber venido, que es candidata ahora y también “Ceres” Escobar y Rosanna Rolón”, reclamó.
Julio Fernández, líder del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema), advirtió que la ausencia de concejales colorados pone en riesgo el resultado de las elecciones del 4 de octubre y que, de ser necesario, recurrirán al candidato oficialista Camilo Pérez (ANR-cartista) para que baje línea a los concejales oficialistas para que aprueben el convenio. La advertencia coincide con el grito de los funcionarios al término de la fallida sesión hablaban de “voto castigo”.
Cuestionamientos y duras advertencias de los concejales opositores sobre el contrato colectivo de Bello
El concejal Álvaro Grau (PPQ) cuestionó con dureza la falta de legitimidad y el profundo secretismo con el que se redactó el acuerdo a espaldas del legislativo comunal. El edil advirtió sobre la ilegalidad del proyecto y su claro trasfondo proselitista. “Esto no se puede aprobar a días de las elecciones, algo que tiene que estar en discusión en la siguiente administración”.
En la misma línea, el concejal Humberto Blasco (PLRA) alertó sobre la naturaleza demagógica del convenio y la flagrante infracción de normativas financieras superiores que rigen la administración pública, advirtiendo sobre el peligro penal de comprometer fondos inexistentes. “La mala administración de fondos públicos también implica lesión de confianza. Y aquí los colegas no estamos dispuestos a hacer eso bajo ningún sentido”, remarcó.
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La concejala Fiorella Forestieri (PLRA) denunció los métodos violentos de intimidación y amedrentamiento desplegados para forzar de manera irregular la voluntad de los legisladores municipales. La edil expuso el trasfondo político del apuro gremial y afirmó que “este contrato no tiene otro fin tampoco que ser un canje político por voluntades populares, aprovechándose así de la necesidad de la gente también”.
Los concejales insistieron en la imperiosa exigencia de un trámite institucional adecuado mediante comisiones técnicas. Forestieri remarcó que la postura de las bancadas opositoras es que el documento pase formalmente a comisión para ser analizado técnicamente con los respaldos documentales y financieros correspondientes, y no aprobado sobre tablas de manera irresponsable.
Oficialistas dicen que acuerdo solo busca plasmar derechos adquiridos y niegan maniobra electoral
El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) defendió la convocatoria al sostener que el objetivo principal no era aprobar el contrato sobre tablas, sino darle ingreso formal para su análisis en comisiones. El edil intentó responsabilizar de la falta de quórum a la oposición, pero al ser consultado por la ausencia de concejales de su partido, dijo que las responsabilidades son individuales.
Consultado sobre la presión electoral de los sindicatos dijo: “Siempre hay presión en todos lados, pero nosotros como legisladores vamos a evaluar con calma, con prudencia y ahí vamos a tomar las decisiones.” El edil admitió que aún debe estudiar en detalle el texto junto a sus asesores jurídicos para garantizar que las cláusulas no colisionen con la Ley Nº 7445 de Servicio Civil.
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Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos de la comuna, por su parte, intentó restar trascendencia política al tratamiento a días de los comicios y afirmó que el convenio busca cuidar las arcas del municipio. “Es un contrato, a mi parecer, justo. Ellos pedían mucho, se negoció, no se le dio para nada todo lo que pidieron”. Sabaté dijo además que todos los beneficios económicos estarán condicionados a la disponibilidad financiera de la institución comunal.
El asesor jurídico justificó que el contrato se limita estrictamente a formalizar conquistas laborales preexistentes, detallando que “lo que se hizo más que nada es plasmar esos derechos ya adquiridos en un nuevo contrato”. Sabaté aclaró que el proceso administrativo aún requiere de un largo tramo legislativo y ante el Ministerio de Trabajo.
¿Qué establece el nuevo contrato colectivo? Aumentos, bonificaciones y beneficios
El nuevo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo fue suscripto entre la Intendencia Municipal y tres de las organizaciones sindicales de la comuna: Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Sitrama), Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema).
Entre sus puntos más destacados figura el incremento sustancial en el haber de retiro o compensación económica por terminación de la relación laboral, el cual pasa de 15 a un total de 20 salarios aplicables a funcionarios nombrados, jornaleros y contratados que se acojan a los beneficios de la jubilación. El pago será calculado sobre el último salario percibido por el beneficiario.
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Asimismo, el documento pactado incorpora un incremento del 5% en la escala de bonificación por antigüedad que se abona de forma anual cada mes de febrero, contemplando porcentajes diferenciados que van desde el 25% para quienes registren entre 5 y 10 años de servicio, hasta alcanzar el 100% del salario mínimo legal vigente para aquellos funcionarios que superen los 40 años de antigüedad en la institución.
El acuerdo también contempla aumentos en los incentivos económicos orientados a la profesionalización y al control de la asistencia, estableciendo un reconocimiento mensual equivalente al 65% (antes era de 50%) del salario mínimo legal para títulos universitarios de cuatro años o más de estudio, y del 35% (25%) para títulos técnicos. También mantiene vigente una cláusula “anti planilleros”, que establece un premio trimestral del 7% condicionado al cumplimiento estricto de la asistencia y puntualidad.
Nueva sesión extraordinaria para mañana
Finamente, en horas de la tarde, la Junta Municipal informó de una nueva convocatoria a sesión extraordinaria para este viernes, a las 10 de la mañana, en un último intento del oficialismo por dar entrada al contrato colectivo. De pretender su aprobación antes de las elecciones, los ediles deberán estudiarlo en comisión en tiempo récord la próxima semana.