Los privilegios -sin siquiera entrar a juzgar la idoneidad- que tienen los legisladores nacionales contrastan fuertemente con la realidad del país, donde existe más de dos millones de personas que deben ingeniarse para comer, tener dónde vivir y, eventualmente, cubrir gastos de educación y salud con menos de G. 664.000 al mes.
La situación es más grave para los 301.932 compatriotas -que según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2017 sobre pobreza- viven en situación de extrema pobreza, es decir, batallar el día a día con G. 8.533. Si bien existen programas como Tekoporá y asistencia a la tercera edad, muchas de estas personas no reciben -como solicitó el parlamentario del Mercosur Neri Olmedo- “un manito” (sic) que realmente les permita salir de la pobreza.
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Los datos oficiales de la EPH no discrimina otros estratos sociales más que los de extrema pobreza y pobreza, pero entre los 5.043.015 “no pobres” existiría un importante número de personas en situación de vulnerabilidad, es decir, pertenecen a la “clase media”, pero corren el riesgo de caer en la pobreza.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -que si bien es el último publicado por ese organismo pero ya data del 2013-, cerca de un 40% de la población vive con ingresos por encima de la línea de pobreza hasta un máximo de G. 1.722.000 al mes, es decir en situación de vulnerabilidad.
La Secretaría Técnica de Planificación y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) en la EPH de 2015 menciona que supuestamente un 38% de la población corresponde a la “clase media” y que gana entre G. 7.519.500 y G. 33.420.000 mensuales. Es decir, para el Gobierno, incluso nuestros legisladores son de “clase media”.
Los legisladores no solo se aseguran salarios millonarios mes a mes, sino que también tienen una jubilación privilegiada en comparación al “común de la gente”. Según el nuevo plan “VIP” legislativo, sólo se requieren 10 años de aporte y contar con 55 años de edad para jubilarse, a diferencia de cualquier otro trabajador, que para jubilarse con el 100% de su salario tiene que aportar por 30 años y cumplir los 65 de edad.
Eso, sin contar que apenas un 41,7% de los trabajadores en nuestro país aporta a un sistema jubilatorio -según el boletín de empleo 2016 de la EPH; la mayoría del 58,3% restante lo más probable es que llegue sin una jubilación ni seguro a sus años de vejez, a menos que haya tomado los recaudos de ahorrar.
No se puede dejar de mencionar que el Estado, en otras palabras todos nosotros, puso como contraparte "laborista" más de US$ 23 millones para la jubilación de los legisladores y funcionarios del Congreso.
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Además, corremos el riesgo de que si quiebra esa caja, así como se cree que pasará, de nuestros bolsillo saldrá el salvataje.
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Hasta la “justicia” juega del lado de los políticos, gracias a un fallo de la Corte a favor del exlegislador Bader Rachid Lichi que le permitió a este cobrar su sueldo de jubilado según el mismo salario que cobran actualmente los congresistas y no con el que recibía al momento de su retiro. Con esto, todos los legisladores tienen la puerta abierta para lo mismo.