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Uno de los representantes legales de Dionisio Amarilla es Carlos Alberto Bogado Jara, quien figura como empleado del Instituto de Previsión Social (IPS). Precisamente, el senador está salpicado por ser parte de un plan para frenar publicaciones que denunciaban irregularidades en una contrato de seguridad en la Previsional.
El abogado figura como personal permanente en el Hospital Geriátrico Gerardo Buongermini y depende de la dirección de Asesoría Legal de Establecimientos de Salud. Tiene un salario básico de G. 8.478.000 al mes.
El letrado también es uno de los abogados patrocinantes en el escrito de querella por calumnia, difamación e injuria que Amarilla presentó ayer contra Juan Carlos Lezcano. El periodista fue el que publicó en ABC Color la serie de artículos que revelaban un presunto direccionamiento y sobrefacturación en la contratación del servicio de seguridad en IPS.
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Carlos Bogado detalló que IPS es un ente autónomo y autárquico, por lo que no hay impedimentos legales para trabajar en el área de asesoría jurídica y a la par ser también abogado litigante.
Dijo que tampoco existen limitaciones profesionales o éticas en representar al senador en esta querella en particular. Recalcó que la causa es por difamación y otros delitos y no guarda relación directa con el IPS. "No tiene nada que ver, ni siquiera con el fondo de la investigación", dijo a ABC Color.
Sin embargo, Dionisio Amarilla intermedió para tratar de frenar las publicaciones de Lezcano y beneficiar a la empresa Service Technology SA con un millonario contrato con IPS. La firma es propiedad de Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro.
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La empresa también intentó sobornar al periodista Juan Carlos Lezcano, quien grabó un par de reuniones y conversaciones al respecto y en donde aparece también el legislador. Esto fue lo que motivó la querella privada.