Quesnel está procesado por lesión de confianza, por haber transferido un inmueble de 25.000 hectáreas ubicado en el departamento de Boquerón, Chaco, a Julia Beatriz Vargas Meza, quien también fue imputada y además de la abogada Carmen Orlandini del Indi, en carácter de cómplices. En las tierras vendidas habitan la comunidad Cuyabia del pueblo ayoreo.

La denuncia de todo esto la habían presentado los abogados Maximiliano Mendieta Miranda, Julia Cabello Alonso y Oscar Ayala Amarilla, de la ONG Tierraviva, como representantes legales de la comunidad indígena. La organización presentó la denuncia a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, por el delito de lesión de confianza.

En noviembre de 2012, Quesnel autorizó la venta de las tierras a Julia Beatriz Vargas Meza, una ciudadana oriunda de Ciudad del Este, estrechamente vinculada con empresas como Agrofertil y el Centro Tecnológico de Desarrollo e Investigaión (Cetedi) de la familia de apellido Sarabia y nacionalidad brasileña.

La transacción fue concretada por un valor inferior al 10 por ciento del valor real del mercado y además viola las disposiciones del Artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.

Luego de la denuncia y de insistentes publicaciones de ABC Color, Quesnel emitió una resolución mediante la cual revoca la aprobación de la transferencia. Sin embargo, como el hecho fue consumado, solo el Poder Judicial tiene la capacidad de cancelar la transferencia y Quesnel no quedó eximido de su presunta responsabilidad penal.

Antes de ser destituido, Quesnel renunció a la titularidad del Indi. Sin embargo, aún se aguarda un reemplazante para ocupar el cargo.