/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/UHKWJHIEGRD3XNFGX5Z7HLJMM4.jpg)
Cargando...
“Qué complicado y catastrófico el mensaje institucional y político donde la Fiscalía tiene muchos ases bajo la manga. Primero, se niega al control porque el contralor tiene un juicio político, después se niega al control porque uno de los auditores tiene un proceso penal en marcha y ahora resulta que hace un año tiene bajo el cajón encerrado una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito del contralor general”, manifestó en primer lugar Enrique García con respecto al anuncio realizado por la Fiscalía General acerca de indagaciones en su contra.
Lea más: Fiscalía indaga a contralor general por enriquecimiento ilícito y lavado
Destacó que los reportes de Seprelad “coincidentemente” se iniciaron en mayo de 2018, cuando estaba en auge “el fervor más fuerte de la campaña” para destituirlo de su cargo, liderada por el Gobierno anterior. Recordó que ese conflicto se inició debido a que él dictaminó “fuera del agrado” de la anterior administración sobre una licitación en el caso del aeropuerto.
Por otro lado, señaló que G. 3.000 millones desde 2012 hasta 2017 dan aproximadamente G. 20 millones al mes, por lo cual consideró que no se trata de una cifra apta para la publicación con “letras catástrofes” con respecto a las investigaciones en su contra. Ese primer monto fue mencionado por la Seprelad como un ingreso que aparentemente no puede ser justificado.
García también manifestó que los procedimientos deben ser respetados y eso no está pasando en este momento. “Esto que viene a acontecer es parte de la mediatización de un enfrentamiento que no debería entenderse como tal, porque simplemente se trata de hacer lo que se tiene que hacer”, acotó.
Lea más: Indisimulada confrontación entre el Ministerio Público y la Contraloría
Además, con la intención de desmeritar a la fiscala Victoria Acuña, quien lleva su caso, mencionó que la “respeta mucho” pero no se puede olvidar que tiene “un largo historial de acusaciones políticas”. “Pregúntenle al diputado Édgar Acosta, al exministro Rafael Filizzola, a Carlos Amarilla, a un montón de otra gente que tuvo ya sus pasos por actuaciones vinculadas con esta profesional y la óptica de lo político primando sobre lo jurídico”, puntualizó.
Calificó de “muy mal mensaje” este hecho en términos globales, “pésimo” en derecho penal y “peor todavía” en cuanto a institucionalidad, Gobierno y responsabilidades inherentes a los cargos que ocupan transitoriamente.
Aseguró que el camino para la solución de este conflicto, según él “impropiamente instalado enfrentamiento mediático”, es el diálogo “racional, responsable y comprometido de los altos gerentes de las instituciones”.
Además, habló sobre las declaraciones de la directora de Comunicación de la Fiscalía, Élida Favole, quien dijo días atrás que mientras siga García como contralor y como jefe de auditores Édgar Ramón Cáceres, no permitirán que la Contraloría audite las cuentas del Ministerio Público. Al respecto, el contralor dijo que la fiscala general, Sandra Quiñónez, puede despedir a su funcionaria y aclarar que esas declaraciones no se ajustan al ordenamiento jurídico, para así salvar la situación.
Lea más: Rechazan denuncia de García
García dijo que en caso de que se calle y acepte las declaraciones de su directora de Comunicaciones, seguiría contribuyendo a una situación “que no le hace bien al país”. “Por antipática que sea la relación personal entre el Contralor y el Fiscal General del Estado, lo que se dice es intransigible (…) Creo que puede ser un desliz imperdonable de la Dirección de Comunicaciones y eso tiene correcciones en el ámbito administrativo, necesarias para salvaguardar la estabilidad, solidez y consolidación de la institucionalidad del Ministerio Público”, consideró.
Además, destacó que la figura del Contralor General de la República la que estuvo en un expediente “bajo llave que se desentierra para proponer la imposibilidad del ejercicio de una función constitucional”.
En este último punto, hizo relación al hecho de que la Fiscalía rechazó la denuncia realizada por el Contralor sobre la falta de actuación del Ministerio Público en 35 supuestos hechos de corrupción perpetrados entre 2016 y 2018 en municipios, gobernaciones y otros entes públicos. García había estimado un perjuicio global de unos G. 45.912 millones.
Enrique García tiene pendiente un juicio político en la Cámara de Senadores, que solo tiene que fijar fecha puesto que ya fue acusado por Diputados.
Cabe destacar que el proceso penal pendiente contra el mismo solo podrá seguir una vez que sea removido del cargo, atendiendo que el mismo goza de inmunidad.
Lea más: García suma varias causales de juicio
El Contralor tiene cinco causales de enjuiciamiento. La principal es su imputación por no haber apelado el fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, representada por el abogado Juan Ernesto Villamayor.
Ahora también es investigado por la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Según informaron, la Seprelad reportó hace un año que el titular de la Contraloría no puede justificar el origen de casi G. 3.000 millones.