El ingreso de un camión de mudanza de gran porte, de una conocida empresa del ramo, despertó la curiosidad de periodistas apostados en Mburuvicha Róga, quienes entre bromas señalaron que se trataría del operativo de Cartes para “desalojar” la residencia oficial.
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La presencia del vehículo utilitario fue considerado como un “signo” de la inminente renuncia del presidente Cartes. Sin embargo, para retirarse del cargo, el mandatario necesita que el Parlamento le acepte la dimisión, posibilidad que hasta ahora se encuentra en la incertidumbre.
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Fuentes del primer anillo del Ejecutivo confirmaron ayer que el transcurso de este lunes el gobernante presentará ante el Congreso la nota por la cual comunica su decisión de retirarse del cargo para asumir como legislador en junio próximo.
Algunos sectores consideran que la nota de renuncia significaría que el presidente de la República logró reunir los votos suficientes en el Poder Legislativo. Una vez que el Congreso reciba la nota de renuncia, se debe convocar a una sesión de ambas Cámaras y para el quórum correspondiente se requiere de la presencia de 41 de los 80 diputados y 23 de los 45 senadores.
Luego de lograr la presencia del número mínimo de legisladores para la reunión en cuestión, se requerirá además de mayoría simple -la mitad más uno de los presentes- para que la aceptación de la salida de Cartes. En este caso, será Alicia Pucheta, actual vicepresidenta de la República, quien asumirá al frente del Ejecutivo hasta el 15 de agosto próximo.
De no lograrse la aceptación de su renuncia, Horacio Cartes deberá completar su mandato y corre riesgo de no poder jurar como senador electo y terminar como Nicanor Duarte Frutos, quien en 2008 no pudo asumir como senador pese a haber ganado una banca en las elecciones generales.
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La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) proclamó al presidente de la República como senador electo, con lo que le otorgó un “doble blindaje”, pese a que la Constitución Nacional, en su artículo 189, dispone que los expresidentes “serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”.