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En la primera sesión extraordinaria de esta mañana la Cámara de Diputados aprobó la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por la ahora renunciante intendenta Sandra McLeod.
Con 58 votos a favor, uno en contra y 19 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Rocío Abed de Zacarías fue la única parlamentaria en votar por el rechazo de la solicitud, "por improcedente e injusta", argumentó.
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Ya en horas de la tarde se convocó a una nueva sesión extra, donde figuraban el pedido de intervención para cinco municipalidades: Limpio, la Colmena, Santa Rosa, Ñumí y Mbocayaty.
En un aparente pacto político, todas estas comunas fueron salvadas de la intervención por parte de la mayoría.
Carlos Palacios (ANR, cartista), intendente de Limpio y protegido del exsenador Óscar González Daher (preso), fue denunciado por utilizar en 10 días G. 1.000 millones del Fonacide para una contratación directa con una empresa que les proveería de ripio. Nunca se rindió cuentas de ello a la Junta Municipal.
Adjudicó un contrato de G. 1.300 millones a su primo Juan de Dios Montiel Palacios. Contrataciones Públicas dijo que el intendente procedió en forma irregular.
En el año 2016 hizo otra contratación directa para construir aulas en escuelas por valor de G. 930 millones. La Dirección de Contrataciones encontró una diferencia de G. 184 millones en el manejo del dinero.
Pese a ello, con 44 en contra, 31 a favor y tres en blanco, la comuna limpeña se salvó de la intervención.
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Esteban González (ANR, cartista) es intendente de Santa Rosa del Aguaray y fue imputado por supuesta violencia familiar. En su gestión, lo denunciaron por falta de documentos respaldatorios de la ejecución presupuestaria del 2016 y 2017. También fue cuestionado por facturación de obras inexistentes y falta de justificación de ayuda social.
Sus licitaciones de construcción de obras fueron anuladas por Contrataciones Públicas, pero el jefe municipal ignoró la orden. Otra irregularidad administrativa fue la emisión de cheques al portador sin ser nominales.
Contrató en forma directa para obras de arquitectura a una firma contable. La Junta Municipal rechaza sus rendiciones desde hace dos años.
Pese a ello, hubo 40 votos para evitar la intervención; 29 para que sí y tres abstenciones.
En Ñumí, Guairá, el intendente Elvio Cáceres (PLRA, efrainista) también tiene 13 causales en contra de su administración. Entre ellos, la Contraloría lo cuestiona por una diferencia de G. 325 millones en pagos realizados. Los concejales también lo acusan de malversación en el uso del Fonacide, almuerzo escolar y obras de educación.
Además de citar numerosas irregularidades legales, los ediles lo responsabilizan por la desaparición del libro de actas de la Junta Municipal del 2011 al 2015.
Otras denuncian corresponden a la no contestación de informes generales ni informes sobre la ejecución presupuestaria. También incumple todas las leyes de transparencia e información pública, dicen.
Por 50 votos en contra, 22 por el sí y una abstención, los diputados rechazaron la intervención a la Municipalidad de Ñumí.
En la Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy, en Cordillera, su intendente Jacinto González (liberal llanista) también arrastraba pedido de intervención con un total de 27 causales.
González fue denunciado por los concejales por lesión de confianza, estafa, falsificación de documento público, entre otros, por la supuesta desaparición de G. 6.426 millones.
Además, su hermano, Luis César González, quien fue intendente por los dos periodos anteriores, fue imputado en julio de 2017 por lesión de confianza, por una supuesta malversación de G. 2.286 millones. La diputada Rocío Vallejo (PPQ) fue amedrentada al fiscalizar obras en el distrito y salvo ella, diputados de la comisión de investigación acordaron salvarlo y recomendar el rechazo.
El pedido tuvo 37 votos a favor, 40 en contra y 3 ausencias.
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Mario Melgarejo (ANR, cartista), intendente de La Colmena (Paraguarí), fue denunciado por la construcción de una pista deportiva y la ampliación del techo del estacionamiento en los que gastó G. 460 millones del Fonacide, siendo este un fondo blindado para educación y obras ciudadanas.
Registra un exceso de uso de combustible por un monto de G. 450 millones, que representan más de G. 1.500.000 por día durante 2017. También se cuestiona el cobro de G. 120 millones por obras de alcantarillado, empedrado y reparación con enripiado.
Igualmente, los ediles lo acusan por una factura de G. 37 millones que se pagó para una reparación fantasma de máquinas viales. El hecho fue denunciado a la Fiscalía local.
Sin embargo, la mayoría rechazó la intervención.