Piden elevar a juicio caso de Defensora Pública

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Agentes fiscales presentaron ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 9 una acusación y pedido de elevar a juicio oral y público la causa por usurpación de funciones públicas, por la que están imputados, la Defensora Pública Noyme Yore y cinco abogados.

Los agentes fiscales Josefina Aghemo y José Dos Santos, pertenecientes a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación y solicitaron elevar a juicio oral y público la causa Nº 11/16, caratulada “Noyme Yore Ismael sobre usurpación de funciones públicas”.

El pedido de los agentes fiscales fue remitido al Juzgado Penal de Garantías Nº 9, a cargo de la magistrada Griselda Caballero. En el documento se hace expresa la acusación a la Defensora Pública, Noyme Yore; los abogados particulares Sindulfo Aquino Alegre, Cristhian David Figueroa y Lorenzo Vera Gamarra.

Igualmente están nombrados los abogados “designados” defensores públicos por Yore, Vivian Ligth Valenzuela Galeano y Carlos Ramón Molinas Bernal. Todos los citados se encuentran imputados por el hecho punible de usurpación de funciones públicas, pues solo la Corte puede designar defensores públicos, de una terna elaborada por el Consejo de Magistratura.

Con relación a Defensora Noyme Yore y los letrados, Figueroa y Vera, la Fiscalía amplió los hechos en marzo pasado. En tanto que para la abogada Valenzuela Galeano, “designada” el 5 de agosto de 2013 defensora pública por Yore Ismael, intervino en siete causas penales en el juzgado de San Pedro del Paraná.

El procesado Cristhian Figueroa intervino en 33 audiencias referentes a imposición de medidas cautelares, revisión de medidas cautelares y preliminares, y otras tres audiencias indagatorias. Su intervención se dio en el juzgado chaqueño de Filadelfia.

Por su parte, el caso del abogado Molinas Bernal, “designado” defensor público del 1 al 15 de setiembre de 2013, intervino en cuatro causas penales, en el juzgado de San Pedro del Paraná. El delito de usurpación de funciones públicas se castiga con 3 años de cárcel.