El presidente Horacio Cartes vetó parcialmente la ley mencionada, luego de que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, dijera que algunos artículos de la mencionada ley constituyen un obstáculo a la persecución del crimen organizado.
“El Poder Ejecutivo considera que de promulgarse el proyecto de Ley sancionado tal como está se estaría cercenando la tarea principal del Ministerio Público, la cual le ha sido asignada constitucional y legalmente, lo que implicaría un cambio en todo el sistema investigativo vigente, ya que se pretende que la Fiscalía primero impute y luego solicite información para corroborar si existe sospecha de la realización de un hecho y la eventual participación de esa persona en ese hecho”, señala el sitio de información del gobierno, IP Paraguay.
La ley fue impulsada por el Poder Ejecutivo y fue sancionada por el Senado en marzo pasado. El problema fue que antes de la sanción, Diputados –donde el oficialismo tiene todo el poder- introdujo modificaciones que causaron los problemas que ahora se señala en la norma. Con las modificaciones tanto la Fiscalía como la Seprelad quedan atadas de mano para investigar el patrimonio de sospechados.