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La causa que investigaba a Javier Zacarías Irún por tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito fue desestimada por el juez Gustavo Amarilla a pedido de la fiscala Yolanda Portillo, en marzo del año pasado.
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La agente fiscal se basó en el informe de la Contraloría que aseguraba que el ahora senador no ocupaba ningún cargo público desde el 2007 y que según los análisis contables, había una correspondencia entre los bienes y las declaraciones juradas.
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Sin embargo, todos estos argumentos que llevaron a archivar esa causa, Nº 04/2018, ahora tienen un giro con los datos hallados por los fiscales que investigaron al clan, por lo que ayer solicitaron la reapertura de la misma.
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Cuatro meses después de la desestimación de la mencionada causa, el 13 de setiembre, los abogados Yolanda Paredes, Nicolás Russo, Eugenio Guerin y Miguel Ángel López denunciaron a Sandra McLeod, a Javier Zacarías, Margaríta Zacarías y Fernando Román Fernández por enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero, en base a la que se formó una nueva causa, Nº 281/18.
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Luego de cinco días, la denuncia fue ampliada a más personas del clan. Entonces empezó un nuevo recabo de datos y pedidos de informes del Ministerio Público a varias instituciones del Estado y los sucesivos allanamientos de locales vinculados al clan, que derivó en la formulación de la imputación contra Zacarías y McLeod por declaración jurada falsa, que también cayó en el juzgado del magistrado Gustavo Amarilla.
Lo cierto es que a raíz de los datos obtenidos en esta pesquisa, detallados a continuación, procedieron al pedido de reapertura de la ya desestimada.
Siguió como funcionario público
La fiscala Josefina Aghemo explicó que la agente fiscal anterior sostuvo que Zacarías estaba desvinculado desde el 2007 de la Municipalidad de Ciudad de Este.
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“Pero a partir de cierta investigación surgió información de que efectivamente siempre estuvo vinculado al municipio, porque la misma Sandra McLeod –en su cualidad de intendente– lo nombra como asesor ad honorem en el año 2008 a través de una resolución y en el 2011 fue ratificada esa resolución”, asevera.
La fiscala aclara que en el compilado no existe ninguna constancia de que el actual senador haya sido apartado o renunciado al cargo hasta la fecha, por lo que siempre siguió en carácter de funcionario público.
Bienes que no concuerdan
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) sostiene que en la primera declaración jurada y rentas reportadas por Javier Zacarías al asumir el cargo de senador, fue por un monto cercano a los G. 6 mil millones, pero esta declaración fue rectificada y quedaron solo G. 4 mil millones y medio.
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Así también el Ministerio Público detalla que entre los datos proporcionados por la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad) la empresa Gestiones SA, donde Javier sería el director, al momento de su constitución tenía como capital G. 2.000 millones y registró un aumento hasta los G. 10 mil millones en abril del año pasado. Zacarías se constituyó en el socio mayoritario con 6.550 acciones con un valor nominal de G. 1 millón por cada una.
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Según el argumento fiscal, la empresa registró un aumento de ingresos por venta de servicios año a año, sin embargo, el cuadro de disponibilidades fue disminuyendo. "Por último, de la lectura de los estados financieros no se refleja el capital social suscrito por Gestiones del Este S.A", subraya la solicitud.
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También refiere que no hay una correspondencia entre los gastos y deudas en relación a los ingresos del senador, puesto que gastaría cerca de G. 129 millones más de lo que gana mensualmente.
La tarjeta de su hijo
Ernesto Zacarías McLeod, hijo del senador y la intendenta suspendida de Ciudad del Este, tiene una tarjeta con una línea de crédito de G. 250 millones. Esta cuenta bancaria registra pagos en caja, por lo que el dinero sería depositado en efectivo, supone el Ministerio Público.
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De esta cuenta se registran compras de elevados valores en centros comerciales de Estados Unidos que demuestran un alto nivel de gastos y capacidad de pago, que evidencian alto movimiento de dinero en efectivo, que sería ilícito.
Finalmente, los agentes del Ministerio Público refieren que una persona puede ser procesada por enriquecimiento ilícito, “cualquiera sea la denominación del cargo” y enfatizan en que la desestimación de una causa no se puede considerar como cosa juzgada, ya que no hubo ni imputación ni proceso.
Alegan que el rechazo fue porque lo consideraron inadmisible lo cual se puede admitir nuevamente si cambian las condiciones, argumentan los fiscales.
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