Moody’s Ratings: “El mayor riesgo para Paraguay ya no es la deuda, sino la gestión fiscal”, afirma economista 

La calificadora no cuestionó la capacidad inmediata del país para cumplir con el pago de su deuda. (Imagen generada por IA).

La ratificación del grado de inversión no disipa las advertencias de Moody’s Ratings, según el economista Arnold Benítez. Señaló que el principal desafío de Paraguay es ordenar las finanzas públicas para evitar una nueva acumulación de atrasos en los pagos a proveedores.

La confirmación de la calificación Baa3 con perspectiva estable, el viernes último, por parte de Moody’s Ratings representó una señal positiva para Paraguay. Sin embargo, el economista Arnold Benítez consideró que el mensaje más importante del informe no está en la nota otorgada, sino en las observaciones sobre la gestión de las finanzas públicas.

A su criterio, la calificadora no cuestionó la capacidad inmediata del país para cumplir con el pago de su deuda. La principal advertencia se concentró en la forma en que el Estado presupuesta, registra y administra sus obligaciones.

Moody’s pone el foco en los atrasos fiscales

Benítez recordó que Paraguay construyó durante años su reputación sobre una deuda pública relativamente baja, estabilidad monetaria y el cumplimiento gradual de las metas fiscales.

Dijo que esos factores continúan respaldando el grado de inversión. No obstante, sostuvo que ese historial ya no resulta suficiente si existen obligaciones pendientes que permanecen fuera de la medición tradicional del déficit fiscal.

Moody’s Ratings estimó que los atrasos fiscales reconocidos a comienzos de 2026 equivalen aproximadamente al 2,1% del producto interno bruto (PIB) y señaló que este episodio dejó al descubierto debilidades en la gestión de las finanzas públicas.

La agencia refirió en su comunicado que prevé que esas obligaciones queden canceladas hacia 2028 y espera que no vuelvan a acumularse mediante una mejor coordinación entre el presupuesto, la programación de caja y el control del gasto.

El economista Arnold Benítez.

El problema no es la solvencia, sino la administración del Estado

En esa línea, según Benítez, cuando el Estado recibe bienes, certifica obras o acepta servicios, la obligación económica ya existe, aunque el pago se postergue. “Retrasar el reconocimiento de esa deuda no elimina el compromiso financiero. Solo traslada el costo al sector privado”, sostuvo.

En consecuencia, las empresas proveedoras terminan financiando al Estado mientras esperan “el cobro de facturas ya devengadas, situación que las obliga a sostener salarios, adquirir insumos, afrontar créditos bancarios y continuar con sus operaciones”, resaltó.

La credibilidad fiscal entra en juego

El economista afirmó que los atrasos fiscales constituyen hoy el riesgo más inmediato para la credibilidad fiscal de Paraguay, aunque aclaró que el volumen actual no coloca al país ante un problema de solvencia.

La preocupación dijo radica en que estos atrasos pasen a formar parte del funcionamiento habitual del Estado. En ese escenario, explicó, que la “regla fiscal perdería utilidad como referencia porque el déficit oficial podría respetar formalmente el límite legal mientras parte del gasto permanece fuera de los registros presupuestarios”.

Para los inversionistas, añadió, “no solo importa cuánto debe un país, sino también si las cifras reflejan la totalidad de sus obligaciones”.

Persisten otros desafíos para el grado de inversión

Benítez señaló que Moody’s Ratings también mantiene otras advertencias sobre el perfil crediticio paraguayo.

Entre ellas mencionó la limitada capacidad para generar ingresos públicos, la elevada proporción de deuda denominada en moneda extranjera y las presiones estructurales que enfrenta el sistema previsional.

A su entender, dijo Paraguay conserva una deuda manejable, pero dispone de un margen fiscal más reducido que otros países con la misma calificación para responder ante una desaceleración económica, una sequía severa o un shock externo.

Moody's

Instituciones siguen bajo observación

El análisis también destaca que Moody’s Ratings mantiene observaciones sobre la calidad institucional del país. Paraguay continúa por debajo de varios países de la categoría Baa en indicadores relacionados con el control de la corrupción, el Estado de derecho y la eficacia de las instituciones públicas.

Para Benítez, estas debilidades limitan las posibilidades de mejorar la calificación soberana y aumentan la vulnerabilidad cuando aparecen problemas fiscales.

Sostuvo que fortalecer la institucionalidad requiere “mejorar la calidad del gasto público, la contratación estatal, los mecanismos de control, el acceso a la información y la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las reglas, incluso bajo presión política”.

Las reformas deberán demostrar resultados

El economista reconoció que el Gobierno ya adoptó algunas medidas para responder a las observaciones de Moody’s Ratings.

Entre ellas citó el plan para cancelar las obligaciones pendientes, los mecanismos de factoraje y la reforma de la Caja Fiscal promulgada en marzo. Sin embargo, consideró que esas iniciativas deberán demostrar resultados concretos.

A su juicio, cancelar las deudas acumuladas no corrige por sí solo las fallas que permitieron su generación, del mismo modo que una reforma previsional no garantiza automáticamente la sostenibilidad financiera del sistema.

El FMI coincide con Moody’s

Benítez señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a conclusiones similares.

El organismo recomendó publicar una estrategia clara para cancelar los atrasos, incorporarlos de forma transparente a las estadísticas fiscales, mejorar la coordinación entre el presupuesto y la disponibilidad de caja y fortalecer los controles sobre la ejecución del gasto.

A partir de estas observaciones, el economista consideró que el problema dejó de ser una discusión entre el Estado y sus proveedores para convertirse en un elemento de evaluación del riesgo soberano por parte de los organismos internacionales.

El próximo examen será la gestión fiscal

La perspectiva estable otorgada por Moody’s Ratings indica que una rebaja no constituye el escenario más probable en el corto plazo.

Sin embargo, Benítez recordó que la calificadora advirtió que una nueva acumulación de atrasos, el deterioro persistente de las cuentas públicas, el debilitamiento institucional o el estancamiento de las reformas podrían ejercer presión sobre la nota soberana.

El verdadero examen, concluyó Benítez, “estará en la ejecución del presupuesto, la administración de la caja y la capacidad del Estado para cerrar cada ejercicio sin acumular nuevas obligaciones pendientes”.

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