19 de agosto de 2026

La ratificación del grado de inversión no disipa las advertencias de Moody’s Ratings, según el economista Arnold Benítez. Señaló que el principal desafío de Paraguay es ordenar las finanzas públicas para evitar una nueva acumulación de atrasos en los pagos a proveedores.

Datos oficiales muestran que las personas de entre 20 y 24 años son las que lideran el grupo de trabajadores ocupados en condición de informalidad (207.130), seguidas de aquellas de entre 25 y 29 años (201.583) y de 30 a 34 años (189.884). Hay un decrecimiento en los demás grupos de edades, que incluyen a adultos mayores donde hay un gran número de gente ocupada en la informalidad. Al observar la población ocupada informal, por años de estudios, la mayor concentración de trabajadores en esta condición está en el segmento con nivel de instrucción de solo 7 a 12 años.

Según un estudio del BID y del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), los pagos digitales permiten a individuos y empresas efectuar y recibir pagos de forma rápida y segura. Esto contribuye a estimular el comercio y el crecimiento económico. El mayor uso de productos de pago digital como tarjetas (de crédito, de débito o de prepago) añadieron US$ 245.000 millones al PIB mundial entre 2015 y 2019, además de la creación de unos 2,1 millones de puestos de trabajo por año, en promedio. Constataron además que el alza del 1% en la utilización de productos basados en tarjetas de pago facilitaba un incremento anual del consumo de bienes y servicios por un valor de alrededor de US$ 67.000 millones.

Entre los principales argumentos del Poder Ejecutivo para presentar ante el Congreso Nacional el proyecto de ley por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a entidades de jubilaciones y pensiones, se destacan la heterogeneidad del sistema previsional local ante la ausencia de una supervisión centralizada y un marco regulatorio incompleto, que se convierten en barreras para avanzar en los desafíos actuales. Los recursos de 1,1 millones de personas que no cuentan con una adecuada supervisión (955.000 aportantes y 176.000 jubilados y pensionados) que, de no implementarse medidas, se estará poniendo en riesgo la jubilación de un gran número de paraguayos.

En las últimas semanas, la creación de una superintendencia de pensiones y jubilaciones en Paraguay se ha puesto en el centro del debate debido a que el Gobierno buscaba el consenso con el sector privado para la presentación ante el Congreso Nacional de la propuesta normativa. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había referenciado cuatro desafíos del sistema de pensiones en Paraguay. El cumplimiento, de acuerdo con el mismo organismo, permitiría el crecimiento económico del país con mayor inclusión social.