Paraguay enfrenta un desafío estructural que condiciona su desarrollo: una economía informal que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), continúa siendo “elevada y generalizada”. En su informe de conclusión de misión —documento que sintetiza la evaluación del organismo tras su visita técnica al país—, el FMI subraya que sostener y profundizar las políticas de formalización y protección social es “fundamental” para apuntalar un crecimiento más estable e inclusivo.
La preocupación es por un lado, la informalidad que limita la cobertura efectiva de derechos y prestaciones, debilitando la protección ante riesgos laborales y sociales. Por otro, erosiona la capacidad del Estado de diseñar políticas públicas con financiamiento y alcance consistentes, lo que termina impactando en el horizonte de desarrollo y capital humano.
El FMI reconoce mejoras en la forma en que el Estado gestiona su política social. De acuerdo con el informe, iniciativas recientes para modernizar e integrar la administración de los programas sociales han contribuido a elevar tres atributos clave del sistema: eficiencia, transparencia y eficacia en la entrega de prestaciones. Además de algunas reformas como de la Caja Fiscal y la creación de la Superintendencia de Pensiones, aunque aún hay desafíos para incluir a la población a la protección social
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Abaratar la formalidad y mejorar los incentivos
A partir de los avances identificados, el FMI plantea que las reformas orientadas a reducir la informalidad deberían concentrarse en dos frentes:
- Reducir los costos de participar en el sector formal, especialmente para quienes se encuentran en los tramos de ingresos más bajos.
- Mejorar los incentivos para migrar del sector informal al formal, evitando que el cambio implique pérdidas netas para los hogares.
Debido a las dificultades que la gente encuentra para formalizarse, es que la economía informal se mantiene como la alternativa “racional” para muchos trabajadores y pequeñas unidades productivas.
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Impuestos, aportes y “efectos acantilado”: el corazón del problema
Entre las opciones que menciona el FMI se encuentra ajustar la estructura de impuestos y cotizaciones sociales para evitar “aumentos bruscos” en las obligaciones fiscales a bajos niveles de renta. El organismo también apunta a mitigar los llamados “efectos acantilado” en los sistemas de prestaciones: situaciones en las que un pequeño aumento de ingreso —o el paso a la formalidad— provoca la pérdida repentina de beneficios, dejando al hogar peor que antes.
El mensaje implícito es que los sistemas tributarios y de transferencias pueden, sin proponérselo, penalizar la formalización si están diseñados con umbrales rígidos o escalones pronunciados. Frente a esa distorsión, el FMI sugiere transiciones más graduales, donde los costos y beneficios se ajusten de manera progresiva.
Reformas cuidadosas
El informe agrega que la adopción de medidas podrían facilitar la transición hacia la formalidad si se diseñan cuidadosamente para que, “en términos generales”, no perjudiquen la recaudación. El objetivo es compatibilizar el rediseño de incentivos con los compromisos de política fiscal a mediano plazo, evitando que la estrategia de formalización se convierta en una fuente de desequilibrios.
En esa misma línea, el FMI vincula las reformas con una meta más amplia que es sostener el desarrollo del capital humano. La formalización, sugiere el enfoque del organismo, no es solo una cuestión de registro o cumplimiento; sino una vía para ampliar el acceso efectivo a sistemas de protección y prestaciones, reforzando las condiciones para un crecimiento más inclusivo.