Paraguay conservó el grado de inversión otorgado por Moody’s Ratings luego de que la agencia confirmara el viernes la calificación soberana Baa3 con perspectiva estable. No obstante, el informe oficial deja en claro que uno de los principales desafíos para sostener su perfil crediticio no está relacionado con la solvencia del país, sino con la capacidad institucional para gestionar las finanzas públicas y evitar la acumulación de nuevas obligaciones pendientes.
En ese sentido, Moody’s Ratings señaló que el reconocimiento de atrasos fiscales a comienzos de 2026, por un monto equivalente a aproximadamente el 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB), expuso debilidades en la capacidad del Estado para planificar, ejecutar y administrar sus compromisos financieros.
La observación de la calificadora no apunta a un problema de capacidad de pago, sino a la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión fiscal para mejorar la previsibilidad de las cuentas públicas.
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Atrasos fiscales exponen desafíos institucionales
La calificadora sostiene que, si bien las reformas institucionales avanzan de forma gradual, persisten limitaciones en la capacidad estatal para ejecutar políticas públicas y administrar los recursos, como lo evidencian los atrasos fiscales reconocidos recientemente.
Según el informe, el reconocimiento de esos atrasos “pone de manifiesto las debilidades institucionales en la gestión de las finanzas públicas”. No obstante, Moody’s considera que el Gobierno cumplirá con su plan de cancelar completamente esos compromisos internos hacia 2028.
En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recurrió al mecanismo de factoraje como una alternativa para acelerar el pago de obligaciones pendientes con proveedores, especialmente del sector farmacéutico. Este esquema permite que los acreedores cedan sus derechos de cobro a entidades financieras a cambio de obtener liquidez anticipada, aunque implica costos financieros asociados a las tasas aplicadas en estas operaciones.
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A esta deuda también se le suma los que el Estado mantiene con los proveedores de alimentos cerca de US$ 100 millones y los constructores vialeros otros US$ 350 millones aproximadamente.
De esta manera, los atrasos fiscales generan efectos que trascienden las cuentas públicas, ya que pueden trasladar costos financieros a proveedores que esperan el pago de servicios ya prestados al Estado.
Asimismo, Moody’s refiere en su comunicado que espera que posteriormente el Gobierno evite una nueva acumulación de atrasos mediante una mejor coordinación entre el presupuesto anual y la planificación del flujo de caja, además del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control del gasto público.
El reto ya no es solo crecer
Aunque Moody’s reconoce que Paraguay mantiene uno de los mejores desempeños macroeconómicos de la región, considera que el fortalecimiento institucional será determinante para consolidar su perfil crediticio.
La agencia resalta que el país exhibe un crecimiento económico sólido, una deuda pública relativamente baja, disciplina fiscal de mediano plazo, estabilidad política y una política monetaria creíble. Sin embargo, advierte que la fortaleza institucional continúa por debajo de la observada en otros países con la misma calificación Baa.
En particular, menciona que aún existen desafíos en materia de control de la corrupción, Estado de derecho y eficacia de las instituciones públicas.
La evaluación de Moody’s refleja que el desafío de Paraguay no está concentrado en su capacidad de pago, sino en la capacidad institucional para administrar sus recursos públicos con mayor previsibilidad, evitar atrasos y fortalecer la confianza en la gestión fiscal.
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Qué podría poner en riesgo la calificación
Moody’s también identifica los factores que podrían provocar una futura rebaja de la nota soberana de Paraguay.
Entre ellos menciona un deterioro persistente de las cuentas fiscales que aumente la deuda pública o debilite la capacidad de pago del Estado, incluso si se produce una nueva acumulación de atrasos gubernamentales.
Además, advierte que una menor eficacia institucional, el estancamiento de las reformas o la persistencia de deficiencias en la gestión de las finanzas públicas también ejercerían presión negativa sobre la calificación.
Por el contrario, el informe concluye que una mejora sostenida de las instituciones, un aumento permanente de los ingresos públicos, una menor dependencia de deuda en moneda extranjera y mayores inversiones privadas que impulsen el crecimiento de largo plazo podrían respaldar una futura mejora de la nota crediticia.
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