La Ley N° 7633/2026 “De la reforma de la Caja Fiscal” aprobada en marzo del 2026 por el presidente Santiago Peña, introdujo cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones del sector público con el objetivo declarado de mejorar la sostenibilidad financiera del sistema.
Entre las principales medidas se establecieron una edad mínima de acceso a la jubilación para sectores que no la tenían, una regla gradual de retiro (jubilación extraordinaria desde los 57 años y ordinaria a los 62 años), además de una nueva base de cálculo del beneficio tomando el promedio de los últimos cinco años de salarios.
La reforma también modificó el esquema de financiamiento con un aporte total del 22%, compuesto por 19% del trabajador y 3% del Estado como empleador, además estableció un mecanismo uniforme de actualización de haberes vinculado al salario mínimo y el beneficio con los años de aporte y permanencia laboral.
Déficit de la Caja Fiscal en aumento
El déficit de la Caja Fiscal alcanzó G. 1,31 billones (US$ 216 millones) entre enero y junio de este año, pese a la reforma previsional aprobada en marzo del 2026.
Para el economista Wildo González, el saldo rojo responde a un problema de diseño del sistema y no a una situación coyuntural, por lo que advierte que, sin una transformación estructural, la carga sobre las finanzas públicas seguirá aumentando.
Los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que los aportes realizados por los funcionarios activos siguen siendo insuficientes para financiar el pago de las jubilaciones. Solo en junio, la Caja Fiscal recibió G. 321.412 millones en contribuciones, mientras que desembolsó G. 529.185 millones en haberes jubilatorios, lo que dejó un déficit mensual de G. 207.773 millones (US$ 34 millones).
En el acumulado del primer semestre, los ingresos sumaron G. 1,83 billones frente a egresos por G. 3,15 billones. En otras palabras, los aportes apenas cubrieron el 58% de las obligaciones, mientras que el 42% restante fue financiado con impuestos.
Llevado a una dimensión diaria, la Caja Fiscal genera un déficit cercano a US$ 1,2 millones por jornada.
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Un problema de diseño, no de coyuntura
Para el analista, el aumento permanente del déficit responde a una falla estructural del sistema previsional paraguayo.
González explica que la Caja Fiscal funciona bajo un esquema de reparto puro, donde los trabajadores activos financian directamente las jubilaciones actuales, sin que exista un fondo de ahorro o de capitalización que respalde las futuras obligaciones.
Según señala, este tipo de sistemas requiere una relación cercana a cinco aportantes por cada jubilado para mantener el equilibrio financiero. Sin embargo, en Paraguay esa proporción ronda apenas los 3 aportantes por beneficiario.
A este desequilibrio se suma, afirma, que el número de nuevos funcionarios no crece al mismo ritmo que aumenta la cantidad de jubilados, mientras que algunos regímenes especiales mantienen edades de retiro relativamente bajas y beneficios superiores a los aportes efectivamente realizados. Desde su perspectiva, esa diferencia termina siendo absorbida por el Tesoro Nacional mediante recursos tributarios.
La reforma solo desacelera el problema
González considera que la modificación aprobada este año constituyó únicamente un ajuste técnico y no una reforma estructural del sistema.
A su criterio, las modificaciones introducidas durante el debate legislativo redujeron el impacto que inicialmente buscaba la normativa, debido a los cambios impulsados por sectores que se oponían a perder beneficios.
La reforma no atacó principalmente la edad de retiro, sino el desequilibrio entre aportes y beneficios mediante ajustes paramétricos y mayores contribuciones, por lo que el déficit seguirá requiriendo cobertura estatal durante los próximos años.
En ese contexto, sostiene que las medidas aprobadas únicamente postergan el problema, pero no modifican la tendencia creciente del déficit.
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La sostenibilidad sigue comprometida
El economista sostiene que, bajo las condiciones actuales, la Caja Fiscal no resulta financieramente sostenible.
Argumenta que el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la tasa de fecundidad modifican la relación entre trabajadores activos y jubilados, fenómeno que afecta a los sistemas de reparto en numerosos países.
En el caso paraguayo, añade que el impacto se agrava debido a la existencia de múltiples regímenes con reglas diferentes sobre edades de retiro y tasas de reemplazo.
Según refiere, los propios análisis técnicos realizados durante el proceso de reforma estiman que los cambios aprobados solo reducirían parcialmente el déficit proyectado y extenderían la sostenibilidad del programa civil por algunos años más, sin resolver el problema de fondo.
Datos oficiales del MEF refuerzan lo planteado por González, ya que entre 2021 y 2025 la Caja Fiscal acumuló un saldo negativo de aproximadamente US$ 1.380 millones.
El problema de la Caja Fiscal no es solamente la cantidad de jubilados, sino la combinación de crecimiento de beneficiarios, baja expansión de aportantes y diferencias entre sectores con superávit y déficit actuarial, según datos del informe del Sistema de Jubilaciones y Gestiones de la cartera económica.
Por cada 10 aportantes activos, la Caja Fiscal debe financiar aproximadamente 3 jubilaciones o pensiones, una relación que el MEF considera insuficiente para garantizar el equilibrio financiero del sistema.
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El costo para las finanzas públicas
El especialista advierte que el crecimiento permanente del déficit previsional limita progresivamente el margen de maniobra del Estado.
Recuerda que el Tesoro Nacional ya financia tanto el déficit de la Caja Fiscal como el programa de pensiones para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, ambos con recursos provenientes de los impuestos.
Además, señala que Paraguay enfrenta elevados niveles de informalidad laboral, lo que implica que una parte importante de la población no aporta al sistema previsional y, eventualmente, podría requerir asistencia mediante programas no contributivos.
En esa línea los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que en Paraguay la informalidad laboral alcanza al 60,1% de los ocupados.
En ese escenario, considera que el aumento de las obligaciones previsionales reducirá cada vez más el espacio fiscal para financiar otras áreas como salud, educación, infraestructura o seguridad.
Plantea un sistema previsional unificado
Como alternativa, González plantea avanzar hacia una reforma integral del sistema previsional paraguayo y no limitar los cambios únicamente a la Caja Fiscal.
Su propuesta consiste en crear un sistema mixto que unifique a trabajadores públicos y privados bajo reglas comunes, eliminando regímenes especiales que, según afirma, carecen de justificación técnica.
El esquema combinaría un componente solidario para los sectores de menores ingresos con cuentas de capitalización individual para trabajadores de ingresos medios y altos.
Concluyó que a su juicio, un modelo de estas características permitiría enfrentar de mejor manera los cambios demográficos, fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema y reducir la creciente dependencia de recursos fiscales para el pago de jubilaciones.
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