“Ya lo que queda es esperar que la comisión de Unasur y el Vaticano logre que se desatranque el proceso de diálogo y nos lleve a una solución que al país le de esperanzas”, dijo Enríquez a periodistas minutos antes de ingresar a la reunión que se celebra en la sede de la Nunciatura Apostólica de Venezuela en Caracas.
Enríquez, presidente del partido Copei y miembro de la comisión de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), indicó que a los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y al nuncio en Caracas, Aldo Giordano, que han acompañado el proceso de diálogo les debe dar “una mala noticia” pues, “el Gobierno no está honrando su palabra”.
Apuntó que la MUD no está dispuesta a aceptar que lo acordado durante estas conversaciones con el Gobierno “se desconozca”.
“Podemos entender que hay que avanzar en muchísimas cosas para lograr acuerdos en base a la Constitución y los derechos humanos, lo que es inaceptable es que aquello que se anunció al país delante de los cancilleres y el nuncio no se cumpla, eso me parece que es un irrespeto con toda Venezuela”, dijo.
Sin embargo, y pese a las críticas, Enríquez señaló que la oposición “quiere y cree ” en el diálogo “ como mecanismo para resolver las diferencias”.
Dijo, además, que la oposición no ha pedido, en esa mesa de diálogo, “nada distinto” a lo establecido en la Constitución y a los derechos humanos y que precisamente esas conversaciones solo buscan “restituir el orden” constitucional.
“Nosotros no estamos planteándonos ir a jugar dominó o tomarnos un cafecito con el presidente no, esto es un asunto en el que se ha acabado ya con la vida de 42 compatriotas, en donde hay mucha gente sufriendo, en donde hay presos, torturados, para que ahorita convirtamos el diálogo en una (...) tertulia, no es una tertulia, es un diálogo político”, dijo.
El proceso de diálogo que se inició el pasado 10 de abril entre el Gobierno y la oposición para tratar de aliviar la crisis política que atraviesa el país fue suspendido el pasado martes a petición del bando adversario a la gestión de Nicolás Maduro por considerar que el oficialismo no ha cumplido con sus compromisos.
Entre las solicitudes de la oposición figuran la liberación por motivos de salud del comisario Iván Simonovis, condenado por dos de los 19 asesinatos registrados durante el fallido golpe de 2002, así como la excarcelación de los estudiantes que han sido apresados durante las protestas antigubernamentales de los últimos tres meses.