La ley lo prohíbe y ellos se jactan de haber “cortado la mamadera”, pero EBY distribuyó G. 50.000 millones. Los entes públicos pueden difundir comunicados o licitaciones, pero no propaganda, y menos con fines dudosos. La mayor parte de la torta se la llevan los medios del Grupo Cartes o vinculados por supuestos testaferros. En la lista aparecen seccionaleros, periodistas afines al gobierno de manera individual y extrañas empresas.