En Canindeyú, Amambay y Ñeembucú, tres departamentos dominados por la ilegalidad y las mafias, los cuestionamientos sobre el uso del Fonacide son numerosos; desde desvío de fondos, obras fantasmas y sobrefacturadas hasta invención de entrega de almuerzo escolar. Varias municipalidades no presentaron rendición de cuentas del destino dado al dinero que debe ser utilizado exclusivamente para mejorar la educación, en los últimos cuatro meses del 2015, y existen fundadas sospechas de que haya sido destinado a la campaña proselitista para los comicios municipales de noviembre de ese año. Los jefes comunales y concejales cometen todo tipo de abusos en el manejo del dinero, amparados por los líderes de sus partidos políticos y alentados por fiscales y jueces venales, así como el débil control. En Canindeyú, entre las comunas y la Gobernación recibieron más de G. 68.000 millones entre 2012 y 2015. En Ñeembucú, las transferencias del Ministerio de Hacienda fueron de unos G. 65.000 millones y en Amambay, más G. 24.000 millones.
La mayoría de los intendentes del Chaco, principalmente Alto Paraguay y Presidente Hayes, no rindió cuentas sobre el uso del Fonacide y royalties ante la Contraloría General de la República (CGR). En Presidente Hayes solo uno presentó sus informes, pero fue rechazado por el ente de control. En Canindeyú y Amambay tampoco cumplen, y varios buscan el rekutu.
Entre el 2012 y 2014 Itaipú transfirió al Ministerio de la Mujer G. 6.600 millones para el programa de atención y protección a víctimas de violencia de género, pero no rindió cuentas a la entidad del uso del dinero. Hace poco, la cartera pidió una ampliación y reprogramación, que no fue aceptada por la binacional hasta que informe sobre el destino del dinero. Uno de los desembolsos no justificados fue en 2014, cuando comenzaba la campaña electoral.
La Policía Nacional, desde 2014, se lleva el 97% del presupuesto del Ministerio del Interior. Este año el monto es de G. 2,3 billones (más de 400 millones de dólares), que no se refleja en la realidad de las comisarías y subcomisarías, principalmente del interior del país. Concepción y San Pedro son los únicos departamentos donde se observan mejoras en infraestructura, aunque en mayor medida se debe al apoyo de los pobladores organizados y ganaderos. La institución responsable del orden y seguridad nacional cuenta con 23.000 agentes, que en su mayoría se desenvuelve en absoluta precariedad. Hoy iniciamos una serie en la que desnudamos esa realidad.
Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) piden el mejoramiento de la calidad de los servicios en los puestos y unidades sanitarias de Paraguarí, Curuguaty y Villa Hayes. En estas localidades, si bien la falta de medicamentos no es frecuente, los principales reclamos de los usuarios son la calidad de atención por parte de los médicos y la infraestructura de las sedes donde brindan atención médica.