Fue histórico. Sin restricciones. Con absoluta libertad y con un respeto que se evidenció en el ambiente y principalmente en el nivel del lenguaje utilizado. ocho panelistas, cuatro magistrados y otros cuatro representantes de la sociedad civil, de entre ellos dos comunicadores profesionales del derecho, un especialista en acceso a la información pública y una representante de una activa organización no gubernamental con varios proyectos implementados en el mejoramiento del sistema judicial.
El informe titulado “Derechos Humanos Paraguay 2018” de la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los derechos de los niños y adolescentes, es lacerante.
El país está conmovido por el caso Brunito, este niño tan excepcional que de un tiempo a esta parte viene ganándose el cariño de propios y extraños, más allá de las complejidades del caso y esperando aún la aparición de donantes para que el trasplante sea efectivo.
Las imágenes resultaban impactantes. La otrora ciudad de Alberdi, la segunda más importante en el departamento de Ñeembucú, se convertía en una pequeña isla cada vez más amenazada por las aguas del río Paraguay que golpeaban incesantemente sus debilitados muros. Desde los principales noticieros de Asunción, la voz de un alto funcionario del Gobierno recomendaba por momentos incluso imperativamente la evacuación total de la ciudad y ubicarlos en la ciudad de Villeta (donde ni el propio intendente municipal sabía del caso) y la capital del país donde las fotografías mostraban un centenar de colchonetas organizadamente ubicados sobre el parquet de un escenario deportivo cerrado. La oportuna imagen captada por un fotógrafo del abrazo consolador del ministro de Emergencia al impotente intendente municipal de Alberdi que rompía en llantos también formaba parte de la serie de imágenes que ya pasan a la historia de la patria como aquellos momentos donde paralelamente se evidenció el espíritu solidario del pueblo paraguayo.
El Estado paraguayo está obligado a garantizar el derecho a la vida y la salud, en especial de los recién nacidos, niños en evolución y adolescentes. El debate generado en las últimas semanas ante la evidente carencia de unidades de terapia intensiva en centros asistenciales de carácter público de nuestro país, para atender principalmente a recién nacidos, debiendo apelarse a órdenes judiciales para ubicar imperativamente a quienes teniendo pocas horas se debaten entre la vida y la muerte no puede dejar de sorprendernos y causar indignación. Ello aumenta, cuando quienes utilizando su imperium proceden a ordenar el cumplimiento de todos los instrumentos normativos nacionales y supranacionales que obliga a la República del Paraguay reciben como respuesta una denuncia de un conocido sanatorio privado capitalino contra 23 magistrados del fuero de la Niñez y Adolescencia, quienes aún ante dicha amenaza siguen haciendo cumplir lo dispuesto por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales debidamente ratificados por nuestro país, el Código de la Niñez y Adolescencia, como igualmente toda norma aplicable en beneficio de los sujetos de derecho del fuero a partir de la implementación de la Doctrina de Protección Integral.