El Rectorado de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) está plagado de irregularidades administrativas y de presuntos graves hechos de corrupción, según denuncias públicas e informes de la Contraloría General de la República que forman parte de una carpeta fiscal a cargo de la fiscala Silvia Cabrera. De acuerdo a las denuncias, el propio rector de la UNP, el diputado liberal Víctor Ríos, percibió sumas millonarias por clases que supuestamente dio, pero a las que nunca asistió. Las denuncias también indican que Ríos violó la propia normativa de la casa de estudios y confirmó la Contraloría.
El Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se convirtió en un verdadero Puesto de Comando (PC) de la delincuencia, según denuncias que fueron corroboradas por fiscales anticorrupción que días pasados allanaron las oficinas centrales de quienes deben ser consideradas personas ejemplares, impolutas y libres de toda sospecha. Según documentos y testimonios de denunciantes, el rector Froilán Peralta utilizó su cargo para desviar dinero de las arcas de la institución encargada de regir los destinos de la educación superior paraguaya. El Ministerio Público ordenó una serie de diligencias.
Mientras el gremio que aglutina a fiscales, jueces, camaristas y defensores públicos solicita el rechazo de una acción de inconstitucionalidad promovida por el Consejo de la Magistratura (CM) contra la ley que le obliga a ubicar en las ternas a los jueces que buscan el rekutu, asociaciones de abogados independientes solicitan a la misma Corte Suprema hacer lugar al planteamiento realizado por el organismo que elige y propone candidatos para la administración de justicia. Los abogados independientes sostienen que el más alto tribunal de la República tiene que declarar la inconstitucionalidad de la Ley 5336/15.
La Municipalidad de Asunción es la propietaria del inmueble de 48 hectáreas que actualmente ocupa el Asunción y Golf Club (AGC), en el distrito Santísima Trinidad, de la Capital, sentenció un tribunal al rechazar pretensiones de la entidad deportiva que planteó un juicio de usucapión y nulidades de títulos del predio. La determinación a favor de la institución comunal fue adoptada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 3ª Sala.
La Corte Suprema debe informar en estos días al Consejo de la Magistratura que dentro de 4 meses culminan sus mandatos de cinco años Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro de Módica, según la ley, sostuvo Juan Ramón Bueno Jara, miembro del colegiado que elige candidatos para magistrados.
Paraguay dio un gran paso con la promulgación de la ley del derecho a la información pública, porque obliga a las autoridades a cumplir con el pedido de informes que puedan realizar los ciudadanos para lograr la transparencia de las actividades gubernamentales, sostiene Fernando Beconi, doctor en leyes y catedrático de la UNA y de la universidad de Bolonia, Italia. La flamante legislación debe ser utilizada como base para llegar hasta el estadio de haber logrado la máxima garantía de acceso a la información, con el debido respeto a la seguridad y la individualidad de los ciudadanos, dice el Dr. Beconi en una opinión que se reproduce en esta página.
El Consejo de la Magistratura presentó a la Comisión Nacional de Reforma Judicial un anteproyecto de ley que modifica la organización y funcionamiento del organismo. El planteamiento prevé que todas las facultades de derecho, públicas y privadas, tengan sus respectivos representantes. También dispone de nuevo mecanismo para las ternas a ministros de la Corte.
La Conmebol presuntamente lavó y seguiría lavando dinero proveniente de multimillonarias coimas en dólares amasadas de concesiones de contratos por la televisación de partidos. Así lo indican convenios firmados entre la entidad y empresas cuyas anteriores y actuales operaciones ahora forman parte de denuncias, acusaciones e investigaciones judiciales en juzgados y tribunales Argentina, Uruguay y EE.UU.
La ley Alianza Público-Privada, conocida como APP, es una figura asociativa en la que se pueden conjugar diferentes contratos típicos sobre obras, empréstitos, servicios y otras actividades, sostiene el abogado Theodore Stimson, máster en leyes, especializado en la Universidad de Chicago. Entiende que la APP es una “sociedad mixta” que debe contar con la autorización del Congreso para la ejecución de los contratos y proyectos a ser ejecutados en el marco de esta legislación. Todo proyecto de la APP exige la declaración de “interés público” cuando un conjunto de factores cualitativos y cuantitativos lo exigen, agrega.
La fiscala Casse Evelyn Giménez imputó y pidió la prisión de una banda de presuntos estafadores, vinculados al mundo de la farándula, que vendieron varias veces una propiedad a inversionistas que nunca pudieron ocupar el inmueble por inconvenientes creados por los ahora imputados que siguen libres e impunes. Esa fue la denuncia formulada en nuestra redacción por el afectado Édgar Manuel Camarasa Morel, quien vino acompañado de su abogado Luis Fernando Almada y el presidente del Tribunal Ético contra la Impunidad, Antonio Palazón Ibieta.