Productores frutihortícolas de nuestro país tratan de abrirse paso y abastecer al mercado local enfrentando adversidades como cambios climáticos, variación de precios y la corrupción imperante en organismos del Estado, una de cuyas ramificaciones es el contrabando. Este flagelo provoca irreparables perjuicios al pequeño productor agrícola y atenta contra la salud del consumidor.
El sector agropecuario es, indudablemente, el principal motor de la economía de nuestro país. Aporta el 27,3% del producto interno bruto (PIB) y el 39% si es que se le agrega la agroindustria. Genera además alrededor del 30% de las exportaciones y representa el 40% de la fuerza laboral del país, según datos expuestos en la presentación de la Bolsa de Productos en Paraguay.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) ha decidido emprender una cruzada por la seguridad de todos los paraguayos, no solamente de ganaderos, sino de toda la ciudadanía que vive con temor y zozobra ante persecuciones, muertes, asesinatos, emboscadas y atropellos de grupos criminales como el EPP, motochorros y asaltantes, dijeron ayer sus directivos en entrevista con nuestro diario. Piden a las autoridades ocuparse en serio de estas amenazas.
A fines de mayo pasado el Ministerio de Justicia puso en vigencia el denominado “Procotolo de acceso de medios de comunicación a establecimientos penitenciarios”. La norma establece una serie de requisitos que el periodista o cualquier medio de comunicación debe cumplir para entrevistar a personas privadas de su libertad o realizar informes de la situación de establecimientos penitenciarios del país.
En vista de la elección del nuevo defensor del Pueblo, es bueno recordar que el artículo 276 de la Constitución Nacional lo define como un comisionado parlamentario y que sus funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.
En un país chico de economía relativamente pequeña como el nuestro, la inyección de más de cuatro billones de guaraníes (aproximadamente mil millones de dólares en menos de dos años) especialmente para programas sociales y de infraestructura, necesariamente tendría que aportar dinamismo, oportunidades de desarrollo y un ostensible mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. Siempre y cuando los recursos sean administrados con transparencia y honestidad.
La reforma del Poder Judicial en nuestro país es una cuestión de la que se viene hablando desde hace años, en forma cíclica, cada vez que los actores políticos de turno creen conveniente a sus intereses impulsarla, y no precisamente basados en el reclamo reiterado de la ciudadanía por un mejor servicio de justicia.
La deuda interna es la obligación que tiene un Estado para con sus ciudadanos y está obligado a brindar reparación necesaria cuando la gente se siente violentada en sus derechos. El Estado paraguayo mantiene viejas y costosas deudas con la ciudadanía a lo largo de su historia. Son responsables de esas deudas gobernantes de turno, funcionarios y actores de los tres poderes del Estado que gracias a una justicia pusilánime y corrupta logran esquivar la responsabilidad de sus actos.