En estos días surge un nuevo frente de conflicto con las embarcaciones Paraguayas, esta vez con un Sindicato en el Uruguay, por causa de la mala práctica de algunos armadores que abusan de ciertas oportunidades que les otorga el acuerdo de Hidrovia Paraguay – Paraná, según el sindicato.
Infelizmente el Paraguay en los últimos años no tuvo suerte con sus gobernantes y en especial en el área Educativa, donde se hicieron muchísimos cambios que Infelizmente trajo la perdida de muchas costumbres y tradiciones en aras de una mejor política educativa.
Si bien el Paraguay necesita de Leyes avanzadas y que puedan realizar un cambio significativo en el tránsito en rutas y calles de nuestro país, con el fin de mejorar nuestro caótico tráfico vehicular, la nueva LEY DE TRANSITO no es más que un arma para DESPLUMAR a los automovilistas en rutas y calles, en manos de los inescrupulosos Inspectores de la Caminera o los famosos Zorros que se instalan en lugares estratégicos a fin de recaudar para la corona.
Desde que se implementan los Radares, por parte de la Patrulla Caminera hemos escuchado que el principal motivo es disminuir la excesiva velocidad en las rutas. Que con estas medidas implementadas se disminuiría la muerte por accidentes de tránsito, algo que todos pensamos es una buena medida teniendo en cuenta que contribuiría a la seguridad Vial.
Hace un tiempo que venimos asistiendo a un triste espectáculo de parte de un gremio, que vaticina lo peor para el comercio internacional paraguayo, bajo las supuestas trabas a la navegación impuesta por la República Argentina a las embarcaciones paraguayas. Por poco la catástrofe y la hambruna del pueblo paraguayo de veía venir por culpa de nuestros vecinos y hasta un pedido de declaración de guerra podría haberse generado a raíz de las denuncias de estos “representantes gremiales”.
En fecha 29 de marzo de 2014, me deparo con una publicación en el Diario ABC color, que decía… “Comisión de Hidrovía atenderá queja de navieros”. Y seguidamente en el mismo artículo periodístico transcribe las palabras del Canciller diciendo: Loizaga indicó que es un proceso de doble vía, donde hay 'derechos y obligaciones'. Dijo que con un trabajo conjunto entre el sector privado, el Ministerio de Obras Públicas, Puertos, la Armada Nacional y la Cancillería, se tendrá “una acción mucho más fuerte, eficaz y activa”.
En un país serio, cuando se va a realizar la fumigación agrícola, sea del modo que fuera, aérea, terrestre, etc., se realiza previa autorización y fiscalización de los entes públicos encargados, que realizan el control estricto de todo el plan de trabajo y la tarea de concienciación de la población aledaña al sector que podría estar en peligro por la actividad.