Sandra López Curtido

Petropar no dio datos de una gasolinera de Carapeguá, argumentando confidencialidad incluida en el contrato. El administrador del negocio es Toribio Morel, ex mano derecha de Miguel Cuevas en la gobernación y en Diputados.

La ANNP planeaba abonar G. 1.500 millones a SIF América y al Centro de Despachantes por el cobro de la tasa portuaria a través del Sistema Sofía. No realizó el desembolso porque no obtuvo el código de contratación.

El manejo absolutamente desprolijo de terminales portuarias de ANNP en Ciudad del Este y Encarnación detectó una auditoría de la Contraloría. Funcionarios alquilaban espacios sin firmar contratos y tampoco emitían boletas por el pago.

La Dirección Jurídica de la Contraloría recomendó excluir del informe final de la auditoría a la ANNP el análisis del “Anexo II” que el ente firmó con SIF América, que compromete sus ingresos. Alegó que hace falta una “fiscalización especial inmediata”.

La ANNP incumplió la Ley 2051 “De Contrataciones” al comprar, en forma directa, el sistema Sofía de SIF América, según informe de la Contraloría. La auditoría no abarcó los anexos que comprometen sus ingresos por diez años, caso en el que la dirección jurídica aconseja fiscalización especial inmediata.

Petropar asume ante el IPS todo el aporte jubilatorio: el 16,5% que corresponde al empleador más el 9% del empleado. En su presupuesto figura el primer porcentaje como tal, pero el otro está en el paquete “otros gastos de personal”. Esta vieja prebenda no tiene sustento legal, según Contraloría.

El director de la DNCP, Pablo Seitz, informó ayer que solicitaron a Copaco datos de la ejecución del contrato que otorgó a Bullers SA de Óscar Chamorro Lafarja. La compañía recibió millonario anticipo y aún no cumple.

Óscar Chamorro, que incumple millonario contrato con Copaco a través de Bullers SA en la provisión de red Gpon, consiguió adjudicarse en 2018 otra jugosa licitación para instalar puertos Gpon, mediante su firma CG TEC SA.

Bullers SA, de Óscar Chamorro Lafarja, no está cumpliendo con un contrato de G. 17.749 millones firmado con Copaco para instalar red óptica GPON en diez centrales. El retraso priva de un mejor servicio a usuarios.

Roberto Cárdenas, cuando era aún intendente de Lambaré, violó la Ley 620 y la 135 al construir un edificio de departamentos en el barrio San Isidro sin contar con el permiso municipal. En el estado de cuenta catastral figura 900 m2 de edificación, en tres niveles, pero tiene cuatro. La finca figura todavía a nombre de los dueños anteriores.