El déficit fiscal previsto para el presente ejercicio, fundamentado en las inversiones excepcionales a ser financiadas con deuda, sumado a un problema de flujo de caja típico del primer cuatrimestre del año, está generando una revolución de análisis y críticas sobre el manejo de las finanzas públicas, situación que ha acelerado la presentación de un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), como la panacea a los problemas financieros del gobierno.
Toda la gestión pública gira sobre un eje principal que son los recursos financieros, estos son esenciales para cada nuevo gobierno que asume la administración pública, y se han constituido en una de las principales limitaciones para el cumplimiento de los objetivos de gobiernos anteriores.
En el mes de setiembre del año 2012, el Congreso Nacional aprobó por ley la creación del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación), cuyo objetivo es el financiamiento de proyectos de inversión pública y desarrollo. Los recursos financieros del Fonacide están constituidos por el 100% de los fondos transferidos por la entidad binacional Itaipú bajo el concepto de “recompensación por cesión de energía” aprobado por la ley 3923/09 “que aprueba el acuerdo por nota reversal y el nuevo valor del factor multiplicador de 15,3”, cuyo monto promedio anual se estima en US$ 360 millones. En este punto es importante aclarar que inicialmente se pensaba que el fondo estaría constituido únicamente por el valor resultante de la diferencia entre el factor multiplicador actual (15,3) y el anterior (5,1); sin embargo, en la reglamentación del mismo se incluyó la totalidad de los fondos.