Aunque el gobierno catalán considera ambas consultas "vinculantes políticamente" e incluye finalmente a todos los territorios que pedían participar en el proceso, en realidad únicamente el Alt Pirineu i Aran tendrá la decisión en sus manos de si Cataluña debe acoger unos Juegos de Invierno, mientras que las otras tres comarcas se limitarán a posicionarse sobre si se involucran en la candidatura.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, firmó esta mañana dos decretos de impulso de la convocatoria de la consulta.
Según esos decretos, el 24 de julio habrá dos consultas presenciales -sin voto telemático, ni voto por correo, ni anticipado- con una pregunta "clara" y de respuesta binaria.
Por un lado, en la consulta del Alt Pirineu i Aran se preguntará si "el Govern ha de presentar una candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno 2030", a lo que los ciudadanos deberán responder: "sí, la debe presentar" o "no, no la debe presentar".
Y en la consulta del Ripollès, Solsonès y Berguedà, en cambio, se preguntará a la ciudadanía: "¿Su comarca se ha de involucrar en el proyecto de Juegos Olímpicos y Paralímpicos?", ante lo que se deberá optar entre "sí, estoy de acuerdo con que se involucre" o "no, no estoy de acuerdo con que se involucre".
Legalmente, Aragonès dispone de un plazo máximo de 90 días para firmar un nuevo decreto, en este caso para convocar ya formalmente las consultas, un decreto que deberá publicarse entre 30 y 60 días antes de la celebración de las mismas.
En las consultas sobre los Juegos, para los que no se establecerá una participación mínima necesaria, podrán votar los ciudadanos a partir de 16 años con empadronamiento mínimo de un año.
Otra particularidad es que si bien el resultado en el Alt Pirineu y Aran se contará e interpretará de forma global, en el caso del Ripollès, Solsonès y Berguedà se contabilizará de forma individual, para que cada comarca decida si quiere involucrarse o no.
Las bases técnicas del proyecto olímpico quedaron cerradas el pasado viernes en Madrid, pese a la no participación de Aragón, la otra comunidad interesada en los Juegos, y que se consideraba discriminada en el reparto de pruebas. El gobierno aragonés hará una propuesta alternativa.