El potente gesto de la Universidad de Chile que homenajea alumnos víctimas de la dictadura

Meritxell FreixasSantiago de Chile, 20 dic (EFE).- Las historias de vida de 125 estudiantes de la Universidad de Chile ejecutados o desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y homenajeados con sus titulaciones póstumas, han sido recopiladas en un libro convertido en uno de los gestos de reparación más potentes de esta casa de estudios hacia su comunidad.

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El recuerdo de la señora Fresia Rojas sujetando con fuerza la foto y el diploma de su hijo Héctor Orellana, estudiante de Pedagogía en Matemáticas, ejecutado en 1978 por el régimen, aún remueven al académico y doctor en Derecho Claudio Nash, responsable de este trabajo.

“Hasta el día de hoy me emociona mucho (...) Ese acto (celebrado 40 años después del crimen) restableció un lazo que se había roto entre la universidad, por un lado, y la señora Fresia y Héctor, del otro”, explica en entrevista con EFE el también coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la universidad estatal, una de las más prestigiosos del país.

Desde el salón de honor donde se entregan las distinciones post mortem, Nash explica que el objetivo era crear un libro que rompiera con “la mirada alejada de la academia” hacia los procesos históricos.

“Reparación con sentido de urgencia”

“En estas páginas está mi pololo (novio), gracias por recuperarlo”, agradeció al profesor una de las asistentes a la presentación del compilado, que también incluye perfiles como el del exdirector general de Prisiones, Littré Quiroga, asesinado junto al cantautor Víctor Jara pocos días después del golpe, o el del ministro del expresidente Salvador Allende (1970-1973) José Tohá.

El académico cuenta que el libro refleja que los estudiantes eran, por sobre todo, seres humanos: “Fueron nuestros estudiantes, luchadores sociales que tenían militancias políticas, amores, contradicciones y errores en sus vidas”.

Para él, gestos simbólicos como estos son medidas reparatorias, pero deben tener “un sentido de urgencia” porque, advierte, “se están muriendo las víctimas, sus familiares y también los perpetradores y no tenemos tiempo”.

La propuesta de impulsar este reconocimiento académico surgió en 2017 a petición de exestudiantes y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Un año después, y con base en la experiencia de otras instituciones educativas que ya habían tomado la iniciativa, como la Universidad de Santiago de Chile (Usach) o la Universidad de Valparaíso, se entregaron las primeras distinciones a 105 estudiantes.

“En el proceso hemos tenido serias dificultades porque la dictadura destruyó mucha documentación”, lamenta el profesor.

Una universidad “acechada” por la dictadura

“La Universidad de Chile, que siempre ha mantenido un rol muy político, fue perseguida y estuvo acechada permanentemente”, recuerda Claudio Nash.

Cuenta que a los pocos días del golpe, en octubre de 1973, fue intervenida y asumió la Rectoría un delegado del régimen. El pinochetismo “acalló” las voces críticas, “legalizó la persecución” a través de sumarios y “desmembró” la estructura del centro para llevarlo a su privatización.

No olvida ese día de 1987 en el que en medio de una ocupación de protesta en el patio de la sede central, mientras los estudiantes se presentaban unos a otros, apareció el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope), encargado de operativos policiales de alto riesgo.

“Ingresaron armados con toda una parafernalia y fuimos puestos en una fila contra el muro. Nos golpearon uno a uno y nos subieron a un furgón en el que quedamos absolutamente hacinados y empezaron a lanzar gas lacrimógeno hacia el interior. Varios se desmayaron”, rememora.

“El fiscal que luego nos interrogó por ese caso, integró la comisión que evaluó mi examen de Derecho Procesal”, agrega Nash.

“Un compromiso que no decae”

A 50 años del golpe de Estado, Nash reconoce que la Universidad tiene “pendientes” en materia de memoria y derechos humanos: “Hay estudiantes que fueron expulsados o perseguidos dentro de la universidad y proyectos de vida que se rompieron; también hubo funcionarios y académicos que sufrieron persecución”.

Sin embargo, a pesar de las “limitaciones legales y administrativas” –dice el profesor–, la universidad “tiene que hacerse cargo de ese dolor” y, concluye, “aunque haya pasado el tiempo, ese compromiso no decae”.

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