Senadores opositores se reunieron esta tarde con representantes de sindicatos estatales en la sede de la Cámara Alta, ante el inminente tratamiento del proyecto de ley de Reforma del Servicio Civil en la Función Pública. Los anfitriones fueron los senadores: Esperanza Martínez (Frente Guasu), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Rafael Filizzola (PDP), quienes anuncian que pedirán la postergación hasta un mejor estudio en comisiones.
Los gremialistas desmintieron las expresiones del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien dijo que hay acuerdos con los trabajadores. Denuncian que el gobierno de Santiago Peña busca eliminar todos los contratos colectivos; el derecho a la sindicalización y otros. Advierten que tras eliminar derechos laborales en el sector público, atropellarán los derechos del trabajador privado. Dicen que el Congreso tiene tres versiones de la ley de reforma, del gobierno de Mario Abdo Benítez; de Santiago Peña y del Ministerio de Economía y que no saben qué versión se analizará.
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Rosana González, del Sindicato Nacional de Médicos, dijo que el gobierno también quiere imponer los traslados forzosos. “Estamos para las fotos en campañas electorales y luego nos dan la espalda”, denunció en alusión al oficialismo colorado.
El gremialista Narciso Castillo señaló que los sindicalistas no saben qué versión de la ley se tratará en el Senado. Advirtió que la ley también impone que las autoridades definan qué trabajos son “indispensables” para negar a estos empleados el derecho a la huelga. “No vamos a renunciar a nuestro derechos”, advirtió.
María Stela Silva Invernizzi, de las Centrales Obreras y sindicalista del MOPC, manifestó que el proyecto también impone pocos meses de permisos en casos de accidentes, sin tener en cuenta los casos de accidentes industriales, en la construcción o los agentes de tránsito atropellados que tardan más de seis meses en recuperarse. “Con esta ley quieren derogar el derecho a la huelga”, indicó.
Gabriel Espínola, sindicalista del gremio docente, manifestó que todo el proyecto “está lleno de trampas”.
Miriam Mereles, de la Corriente Sindical Clasista, expresó que el gobierno de Peña tiene un plan de retroceso y aniquilamiento de los derechos laborales. Además sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo no contempla el horario nocturno ni el derecho a la huelga.
Danisa Pettengill, del sindicato de Migraciones, alertó un retroceso en la ley ya que todos los departamentos de Recursos Humanos serían una instancia subordinada al área administrativa y no a las gerencias.
Estado de gerentes y subordinados, “tipo Tabesa”, denuncian
La senadora Yolanda Paredes (CN) señaló que el cartismo trae leyes con términos como “gerentes” porque quieren reducir el Estado a un negocio privado de gerentes y subordinados como en Tabesa. “Esto está fríamente calculado para reducir, desprestigiar y denigrar al funcionario público”, aseveró.
Miguel López, de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Asunción (UNA), manifestó que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, miente cuando habla de “acuerdos” y “consenso”. “Esta es una ley discrecional e inconstitucional que pone al ministro de Economía como un virrey”, aseveró. También sostuvo que Santiago Peña impulsa esta ley por orden del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Nelson Valinotti, sindicalista de Senacsa, indicó que la ley busca eliminar los contratos colectivos y advirtió a la ciudadanía que luego irán contra los contratos colectivos del sector privado. “Por eso también anunciaron cambios en el Código Laboral”, dijo al recordar las polémicas palabras del mandatario de eliminar la estabilidad laboral.
Francisco Ratti, sindicalista de la Justicia Electoral, comentó que el gobierno de turno engañó a los sindicalistas al prometer eliminar los puntos polémicos que luego reintrodujeron. Llamó a dejar los debates y salir a las calles y tomar acciones concretas. “Quieren jodernos la vida”, advirtió.
