Esta justicia especial, creada por el acuerdo de paz con las FARC de 2016 para juzgar crímenes de guerra, consideró al territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta) y a los pueblos indígenas iku (Arhuaco), kággaba (Kogui), wiwa y kankuamo como sujetos colectivos de derecho y víctimas en el caso 09, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos.
En los informes presentados por estas víctimas "se expuso la violencia ejecutada a través de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y confinamientos, despojos, torturas, violencia sexual y basada en género, profanación de sitios sagrados y destrucción del Territorio y la Naturaleza, entre otras conductas", detalló la JEP en un comunicado.
Además, se resalta en especial la violencia "contra las mujeres indígenas de los Pueblos de la Sierra Nevada de Gonawindua, reconociendo que son la base fundamental del Territorio y la representación de la Madre Tierra y que a través de su saberes y conocimientos cumplen un rol fundamental —político, cultural y espiritual— que les permite ser las guías y consolidar y mantener la integridad de sus pueblos en unidad, autonomía y resistencia".
La propia Sierra Nevada, el macizo montañoso más alto del mundo pegado al mar y que es Patrimonio Inmaterial de la Unesco desde 2022, también quedó acreditada como víctima por la "cosmovisión" de los pueblos indígenas y por los hilos que unen a la visión de las comunidades con los sitios sagrados y el territorio.
"En este sentido, la magistratura de la JEP consideró los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Gonawindua que contienen elementos clave para asegurar la protección de sus derechos a la autodeterminación, autonomía, territorio, gobierno propio y unidad", expuso este organismo.
Al ser acreditados como víctimas, estos cuatro pueblos indígenas podrán participar con sus relatos y opiniones en el caso 09, que se dedica en exclusiva a los crímenes cometidos contra pueblos étnicos y que tiene acreditadas a más de 1,3 millones de víctimas.
Se trata de uno de los últimos casos abiertos por esta justicia especial y está aún en una fase de investigación, por lo que aún no se ha producido ninguna audiencia ni imputación.