La reunión, en la ciudad canaria de Santa Cruz de Tenerife, llega con polémica en torno a la reforma de la ley de extranjería que plantea el Ejecutivo para regular un reparto equitativo vinculante de niños y adolescentes que llegan a las Canarias de manera irregular por vía marítima, muchos de ellos sin familiares ni ningún otro acompañante adulto.
Uno de los puntos de la reunión es la distribución de unos 400 menores de Canarias (300) y la ciudad autónoma norteafricana de Ceuta (100) entre las regiones por medio del mecanismo vigente hasta ahora, basado en la solidaridad y la voluntariedad.
Los recursos asistenciales de Canarias están sobrepasados desde hace meses, con cerca de 6.000 menores tutelados en las islas actualmente. En 2023, se batió el récord de llegada de inmigrantes irregulares, cerca de 40.000, según datos oficiales.
Tanto el Gobierno central como el regional canario abogan por modificar la ley citada, que debería de aprobar el Parlamento nacional, para garantizar una distribución entre los territorios equitativa y más rápida, pues el sistema actual no ha funcionado.
La práctica totalidad de regiones ha mostrado solidaridad para seguir acogiendo a menores migrantes, aunque casi todas también han puesto condiciones: quieren, sobre todo, más financiación para acoger y que se tenga en cuenta el esfuerzo realizado por las regiones hasta ahora y las capacidades reales de cada territorio a la hora de abordar la distribución.
El líder opositor nacional Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular (PP), aseguró hoy que las regiones que gobierna su partido, la mayoría de ellas, "asumirán" el reparto de 400 menores inmigrantes no acompañados que ha planteado el Gobierno central (formado por una coalición de izquierdas), al que culpó de la situación en Canarias.
Lo responsabilizó de "una ausencia reiterada de política migratoria que hace que España sea la frontera más permeable de la UE en la inmigración ilegal", y le pidió que "preserve las fronteras de más avalanchas de menores, porque ya no hay más recursos para atenderles".
El PP dirige varias de esas regiones en coalición con Vox, partido de extrema derecha que amenaza con romper los acuerdos de gobierno si se acepta acoger a más menores no acompañados.