La poderosa Agencia de Interservicios de Inteligencia (ISI) recibió el pasado lunes el permiso "en el interés de la seguridad nacional", según una notificación gubernamental.
"El Gobierno federal, en interés de la seguridad nacional y para la persecución de cualquier delito, se complace en autorizar a los funcionarios (...) a interceptar llamadas y mensajes o a rastrear llamadas a través de cualquier sistema de telecomunicaciones", reza el documento.
Esta decisión del gobierno del primer ministro paquistání, Shehbaz Sharif, fue inmediatamente objeto de un recurso judicial ante el temor de que los poderes del ISI se vean todavía más reforzados.
"La decisión de conceder al ISI la autoridad de interceptar llamadas y mensajes ha sido desafiada por un ciudadano en el Tribunal Superior de Lahore", dijo a EFE un portavoz de la instancia judicial, Mudassir Hussain.
La fuente señaló que, según el demandante, la medida supone una violación de los derechos fundamentales a la privacidad y a la libertad de expresión de los paquistaníes.
"El peticionario ha pedido al tribunal que declare la notificación sin valor legal", dijo Hussain.
Al recurso ante los tribunales se suman las críticas vertidas por la sociedad civil. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) expresó este miércoles su "profunda preocupación" por la notificación "inconstitucional" del Gobierno.
"Se trata de una violación flagrante de los derechos a la libertad, a la dignidad y a la privacidad, protegidos constitucionalmente", señaló el principal organismo defensor de los derechos humanos en el país asiático.
La HRCP señaló que las víctimas inmediatas de estos poderes serán las voces críticas con las autoridades y el poderoso Ejército, ya que la autorización sin cortapisas de escuchas les pondrá en riesgo de abusos y chantajes.
La notificación gubernamental llega después de que una reciente orden del Tribunal Superior de Islamabad, relacionada con un caso pendiente del encarcelado ex primer ministro Imran Khan, afirmase que los oficiales no están autorizados a espiar a los ciudadanos sin seguir los cauces legales.
Khan y su mujer, Bushra Bibi, denunciaron que fueron objeto de una vigilancia ilegal por parte de las autoridades, después de que varios de sus mensajes de audio privados fuesen publicados en las redes sociales en las semanas previas a las elecciones generales del 8 de febrero.