Organización cifra en más de 3.780 los salvadoreños afectados por el régimen de excepción

San Salvador, 10 jul (EFE).- La organización humanitaria Cristosal ha recibido 3.643 denuncias de casos de violaciones a derechos humanos en dos años de vigencia de la medida de régimen de excepción, implementada para combatir a las pandillas en El Salvador, que incluyen a más de 3.780 personas afectadas, de acuerdo con un informe presentado este miércoles por la ONG.

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Los datos del documento, denominado "El silencio no es opción. Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción", indican que de la cifra de individuos afectados un 84,7 % son hombres y un 14,9 % mujeres.

El hecho de violación que más se denuncia es el de detención arbitraria (96,6 %), seguido del de allanamiento de morada y malos tratos, además de "otro tipo de violación de derechos humanos, como amenazas de detención, acoso de policías y militares, entre otros".

Asimismo, de acuerdo con la información registrada por las personas denunciantes, 61 personas son parte de la población LGBTI, 2.737 heterosexuales y en 990 casos "no se identifica este dato".

La edad de la mayoría de las víctimas, señala el informe, está entre 18 y 30 años (57,4 %), le sigue las de 31 y 41 años (24,9 %) y "hay casos en que se desconoce la edad".

Desplazamiento forzado

Cristosal apunta en su investigación que en dos años de régimen de excepción, entre el 24 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2024, también ha atendido a 1.150 personas en condición de desplazamiento interno forzado por violencia.

Del total de hechos de violencia, el 36,4 % fueron cometidos por las pandillas, esto a pesar que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha asegurado que la mayoría de miembros de pandillas ya están detenidos, y el 42,7 % por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) o militares.

Los victimarios son miembros de la Policía con un 74,1 % de las denuncias y la Fuerza Armada.

Estado de excepción permanente

Cristosal, que comenzó a trabajar en El Salvador como una organización de derechos humanos en 2001 y luego se extendió a Guatemala y Honduras, evidencia en su informe "patrones de violaciones a la integridad personal y salud de las personas privadas de libertad, que incluye prácticas de doble juzgamiento, castigos, falta o deficiente alimentación, condiciones de insalubridad y otros casos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes", apunta.

En una de sus conclusiones, la ONG apunta que con "el régimen de excepción se ha establecido en El Salvador un estado de excepción permanente y generalizado que vulnera los derechos humanos de personas más desfavorecidas, que exhibe como triunfo nacional e internacional una medida punitiva populista que ha servido para el control del poder y las ambiciones presidenciales de la reelección".

También señala que esta medida "ha acentuado el militarismo en la seguridad pública, ha promovido a distintas escalas la impunidad histórica en El Salvador y su aplicación ha ocasionado graves y masivas violaciones de los derechos humanos a un nivel que no ocurría desde el conflicto armado interno".

"La gravedad y alcance de los hechos, su carácter sistemático y generalizado, así como el perfil de las víctimas permiten considerar que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en El Salvador", añade.

El Congreso de El Salvador, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el martes la vigésimo octava ampliación del régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales en la llamada "guerra contra las pandillas".

De acuerdo con datos oficiales, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81.100 detenciones de supuestos miembros de pandillas y personas con presunta vinculación a estas bandas.

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