Mal año para el ambiente

Mientras las temperaturas se tornaron extremas, los últimos meses del 2017 se vieron marcados principalmente por el decreto presidencial que permite la deforestación de bosques nativos. Resumiendo el año, el país sigue aplazado en protección ambiental.

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A pesar de las campañas de organizaciones sociales y de que cada vez existe mayor difusión sobre la importancia del cuidado del ambiente, nuestro país sigue siendo azotado por malas administraciones, injusticia e inconsciencia ciudadana.

Uno de los hechos que marcaron este año sucedió en setiembre del 2017, cuando ambientalistas se vieron sorprendidos con el decreto presidencial N° 7702, que modifica la reglamentación del artículo 42 de la Ley Forestal 422/73. En el lapso de un mes, entre octubre y noviembre, el presidente Horacio Cartes derribó dos millones de árboles nativos en su estancia ubicada en el Chaco.

Según expertos en la materia, estas modificaciones atentan contra la protección de las reservas legales de bosques naturales y por ende contra las políticas ambientales de protección y preservación de los ecosistemas.

A finales de noviembre, se comprobó que, gracias a este nuevo decreto aprobado por Horacio Cartes, se destruyeron dos millones de árboles nativos en su estancia, ubicada en el Chaco.

La Ley 422/73 obliga en forma expresa a preservar un mínimo del 25 por ciento de la superficie boscosa en todo inmueble. En el artículo  42 se establece en forma específica esta obligación. Sin embargo, Cartes la modificó con la promulgación del Decreto 7702, pese a que la prelación jurídica establece que una ley sólo puede ser modificada por el Congreso.

Desde la promulgación, miles de ciudadanos han expresado su repudio de diferentes maneras. No obstante, hasta la fecha la Secretaría del Ambiente no ha accionado para modificar el decreto.

Según el informe de la organización Guyrá Paraguay, el promedio de deforestación de nuestro país fue de 393 hectáreas por día en el mes de junio y en julio de 776 hectáreas por día. 

El mismo informe emitido este año indica que, entre junio y noviembre del 2016 fueron deforestadas 214.405 hectáreas de bosques en el Gran Chaco Americano (Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina). Es decir, un promedio de 1.171 hectáreas por día.

Si traducimos estas 1.171 hectáreas en árboles, por día se pierden en nuestros bosques un promedio de 585.500 árboles. Es decir, aproximadamente siete por segundo.

En promedio, 250.000 hectáreas sufren cambio de uso de suelo en nuestro país cada año. Si la tala masiva sigue con este mismo ritmo, la región paraguaya del Chaco quedaría sin bosques en apenas 98 años, a no ser que aumente el nivel de deforestación. En ese caso, el plazo podría ser menor.

La falta de consciencia ambiental en nuestro país no solo se evidencia en la tala indiscriminada de árboles. Desde hace décadas, la mayoría de los cauces hídricos siguen en estado lamentable debido a la contaminación. Este 2017 no fue la excepción: Toneladas de desechos de todo tipo se encuentran en los alrededores y el interior de las aguas dulces de muchas ciudades.

La Costanera de Asunción, por ejemplo, a pesar de ser un centro turístico e icónico del país, está rodeado de basuras hasta hospitalarias que contaminan el río Paraguay. La salida en el mirador de Itapytapunta tampoco se queda atrás, puesto que se ha convertido en un gran vertedero para todos los vecinos del barrio y zonas aledañas.

Asimismo, la Playa de Areguá, pese a ya no poseer aguas verdes y olorosas, se encuentra en un estado de abandono que impresiona a todo aquel que se anima a acercarse. Aguas negras y espumosas están rodeadas de basuras y yuyales.

El río Confuso, ubicado en Villa Hayes, tampoco se salvó de los contaminantes. Exceso de nitrógeno, fósforo, grasas, aceites y la baja cantidad de oxígeno causaron la muerte masiva de los cientos de peces en este cauce en el mes de octubre. La contaminación provendría de una curtiembre que arroja sus desechos al río, que además es afluente del río Paraguay.

Luego de varios años de quejas respecto al estado del vertedero de Cateura, finalmente este año se anunció que será clausurado en mayo del 2018. El basurero municipal de Asunción no solo alberga miles de toneladas de desechos al día, sino que también recibe a los gancheros y sus familias, quienes día a día se exponen a todo tipo de efectos que pueden ocasionar los contaminantes que se hallan por los alrededor.

La empresa Empo indicó a la Junta Municipal de Asunción que tienen permiso de utilizar el vertedero hasta que venza su vida útil, en el año 2020. Por esa razón, Cateura iba a ser clausurada como lugar de disposición final de las basuras pero podría utilizarse como Planta de Transferencia, en donde se recibirá la basura para clasificarla. 

Sin embargo, este miércoles la Junta Municipal de Asunción aprobó que la empresa Empo SA siga depositando la basura en Cateura. La Intendencia emitió un informe en el cual señalaba que todavía tiene aproximadamente siete años de capacidad volumétrica para absorber la basura.

Esta determinación se tomó pese a que la propia empresa encargada de los trabajos había dicho en el 2009 que el lugar solo podría aguantar cinco años más, es decir hasta 2014. La Secretaría del Ambiente otorgó una prórroga de su licencia ambiental solo hasta este diciembre.

Luego de más de 15 años de acopiar pilas para evitar que las mismas dañen el ambiente, Rubén Figueredo fue condenado a 2 años de prisión por procesamiento ilícito de desechos. El ambientalista es presidente de la Fundación Itá Enramada y fue condenado por no contar con permiso ni estudio de impacto ambiental para almacenar las pilas y otros desechos considerados peligrosos a pesar que ni la Seam cuenta con un sitio de esas características.

El fallo judicial causó una masiva indignación ciudadana, puesto que Figueredo se ocupaba de realizar este trabajo ante la falta de acción estatal. Mientras que la Municipalidad de Asunción se limitó a instar a la ciudadanía guardar las pilas usadas en contenedores de plástico en sus casas, ya que desde 2016 no cuentan con el servicio de la empresa encargada de disponer de estos residuos de manera segura.

Sus abogados defensores apelaron el fallo y solicitaron que se revoque la sentencia. También pidieron que se intime a los municipios para que cumplan con su obligación de recolección y disposición final de este tipo de residuos que son altamente tóxicos. Los miembros del tribunal le impusieron a la comparecencia mensual para la firma del libro respectivo, prohibición de cambiar de domicilio y restricción de salir del país sin autorización del juzgado de ejecución.

Las grandes olas de calor han afectado a nuestro país este año al igual que las inestabilidades climáticas e inundaciones. El cambio climático es siempre señalado como la principal causal; no obstante es imposible medir hoy mismo en qué medida esto puede considerarse determinante en estas condiciones extremas, puesto que los efectos del cambio climático se miden a largo plazo.

El cambio climático impacta a nivel nacional en el rendimiento de los cultivos, en la proliferación de enfermedades, en los bienes y servicios de los ecosistemas y en la disponibilidad de los recursos hídricos, entre otras cosas.

La Oficina Nacional de Cambio Climático de la Secretaría Nacional del Ambiente realizó un mapeo de las zonas con mayor los niveles de vulnerabilidad al cambio climático de cada localidad. Caazapá lidera la lista como el departamento más vulnerable. Concepción, Canindeyú, Caaguazú e Itapúa le siguen, con una calificación de alta vulnerabilidad.

Estas localidades son aquellas que no solo poseen poblaciones más sensibles por cuestiones de pobreza, sino también son lugares donde las principales actividades económicas son poco amigables con el ambiente y, además, poseen poca capacidad de adaptación a los cambios climáticos.

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