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De entre los jefes policiales que accedieron al ascenso, un puñado de nombres resaltan por cuestionadas actuaciones que se hicieron noticia y que nunca fueron debidamente esclarecidas. Todas ellas fueron simplemente resueltas con reemplazos.
El comisario principal Elizardo Rojas Cabrera se vio involucrado en el 2011 en la escandalosa desaparición de más de 3.300 balas de fusiles Galil y un moderno equipo de radio (walkie) del depósito de la FOPE, cuando era jefe de esa dependencia. Fue removido del cargo cuando una investigación determinó serias anomalías en su administración.
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Las municiones fueron recuperadas durante un procedimiento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en junio de ese año en el que cayeron Isidro Raúl Benítez Bogado, vicesargento de Caballería, y Édgar Clementino Aguilera, oficial segundo de la Policía, quienes pretendían comercializar el lote por unos G. 16 millones.
El 25 de julio de 2011 se logró recuperar el aparato de comunicación. Estaba en manos de un asaltante identificado como Juan Carlos Rojas, alias “Kung Fu”, quien estaba implicado en el asalto y muerte del empresario Roberto Atilio Schunbaum.
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Otro nombre en la lista de premiados con el ascenso es Amado Valentín Cantero Godoy, exjefe de la comisaría 3° Asunción. De acuerdo a los datos, en la noche del 31 de marzo acompañó al pelotón de policías hasta pocos metros antes de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) donde luego se produjo el ingreso ilegal que terminó con la muerte del dirigente Rodrigo Quintana.
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Muchos creen que fue quien autorizó la entrada al principal partido de oposición, pero este dato nunca fue investigado. Simplemente lo trasladaron.
El comisario Marcial López Palma tiene al menos tres oscuros episodios en su trayectoria y que se hicieron noticia con gran controversia.
El primero de ellos se remonta al último mes del 2013. Siendo subjefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía –en ese entonces– su vivienda fue atacada a tiros por desconocidos quienes supuestamente pretendían asesinarlo. Este hecho, sin embargo, nunca fue denunciado por el jefe policial.
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El ataque habría sido una consecuencia de un operativo que realizó junto con sus hombres en el que logró confiscar unos 300 kilos de cocaína. Supuestamente intentó negociar parte del cargamento con el financista de origen turco que residía en Alto Paraná.
Como no llegaron a un acuerdo por las altas pretensiones de los uniformados, se habría ordenado eliminarlo. El caso quedó a cargo de asuntos internos, pero la investigación no condujo a nada.
Los después logró otro importante cargo, director de la Academia Policial. En 2017 una investigación descubrió un grosero negociado con los exámenes de ingreso, que causó que lo destituyeran.
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Las respuestas de los exámenes de ingreso se vendían por cantidades entre G. 2 millones hasta G. 5 millones, según los interventores. Algunos padres denunciaron que incluso pedían hasta G. 20 millones.
En noviembre de este año fue parte de la barrida dentro de la Agrupación Especializada, a causa del asesinato de la joven Lidia Meza Burgos dentro de la celda del narcotraficante Marcelo Pinheiro Veiga, alias “Piloto”.
Tras las fuertes sospechas de complicidad policial para el ingreso de la mujer junto al narco, la Comandancia resolvió destituir a todos los jefes de la dependencia. López Palma se desempeñaba como jefe de la Dirección de Apoyo Táctico.
El comisario principal Julio Díaz Zárate estuvo al frente de un enfrentamiento a tiros contra un presunto marihuanero, identificado como Ignacio Servín Ríos (62), quien falleció en el procedimiento calificado como un éxito por las autoridades.
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La mujer de la víctima, Elba Giménez Vda. de Servín, habló sobre lo sucedido y dijo que lo asesinaron por no haber podido juntar G. 5 millones que le exigían los policías para dejarlo en paz.
Sostuvo que el camión en el cual se refugió Servín recibió 180 disparos, pero el cuerpo solo tenía dos impactos, uno de ellos en la sien. Este crimen nunca fue investigado.
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El siguiente en la lista es Édgar Agustín Meza Ibarrola, quien fue destituido de su cargo de jefe de Investigación de Delitos de Canindeyú –junto a otros jefes de la zona– tras un operativo de la Senad en la colonia Guavirá que permitió la incautación de 1.748 kilos y se desbarató una base del narco del paraguayo Ezequiel de Souza Gómez.
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Este sitio cuenta con muy poco movimiento, por lo que llamó la atención de las autoridades que los jefes de Policía nunca hayan notado el sobrevuelo de avionetas que partían y aterrizaban desde un pista clandestina. La fuerte sospecha de protección policial hacia los narcos motivó la barrida general, pero no una investigación más profunda.
El comisario Zacarías Porfirio Centurión fue salpicado por una seria denuncia de retención ilegal y extorsión. Por este caso incluso se pidió su detención tras los fuertes indicios en su contra.
El caso se remonta al año 2012. De acuerdo a los datos, Centurión mantuvo retenido por cinco días dentro del calabozo de la comisaría 18° de Santa Rita –donde era jefe– a Genivaldo Siqueira Leal, un criminal que había escapado de una cárcel brasileña.
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La denuncia fue formulada por el hermano de la víctima y el comisario Centurión fue imputado por cohecho pasivo, retención ilegal y producción de documento no auténtico. Finalmente fue sobreseído.
El comisario Julio Melgarejo es otro engranaje de la polémica cobertura policial durante los sucesos del 31 de marzo del 2017. En aquel entonces se desempeñaba como jefe Agrupación de Seguridad y era directamente responsable de Gustavo Florentín, condenado por la muerte de Rodrigo Quintana.
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Como jefe directo, debía estar al tanto del arresto domiciliario que Florentín cumplía en la Comandancia por un caso de violencia doméstica. Pese a ello autorizó su salida y permitió que portara un arma.
Para acallar las críticas y dispersar los comentarios, fue simplemente trasladado, como es común dentro de la Policía.