Dinero sucio ronda la política

El fugaz asomo de Rubén Rodríguez como candidato deja la estela de duda sobre el dinero en la política y que un cargo puede ser “comprado o financiado” incluso por Horacio Cartes. La ley de Financiamiento Político sigue avalando a nefastos financistas.

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/46SUJS5PPZDRVEEDGZ3KQQXPVM.jpg

Cargando...

En un “sincericidio”, tal vez propio de su inexperiencia en política, apenas anunciaba que el presidente Horacio Cartes lo designó como candidato del Movimiento Honor Colorado para la Gobernación de Central, Rodríguez cometió su primer “error político”, indicar que asumía la candidatura con un compromiso del mandatario de solventarlo económicamente, además de otros beneficios adicionales.

Para alguien que apunta a un cargo electivo, esto no solo es “inmoral”, ya que indica que su fin para ejercer la función estatal no es principalmente el del servicio público, sino de mantener un ingreso económico. Lo más grave es que tanto el presidente Horacio Cartes como Rodríguez se exponían a ser acusados por delitos penales de “soborno y cohecho pasivo”, respectivamente, según advirtió el asesor jurídico del Congreso José Casañas Levi.

Es de suponer, incluso para la ley, que el presidente no daría su dinero sin que esto implique posteriormente un rédito para él, que apunta a ser senador el próximo periodo. Pese a que el animador de fiestas y conocido locutor ya desistió de la candidatura, queda en el aire la propuesta de Cartes, que no es la primera vez que es sindicado como poderoso financista en el Partido Colorado, es más, él mismo alardeó de ello públicamente.

“En primer lugar hay que dejar saber que esta es la primera vez que no se hace una campaña (electoral) con el dinero del Estado, se hizo con el dinero del Presidente de la República”, dijo Cartes en la noche el 26 de julio de 2015, en el discurso de victoria del primer candidato que logró digitar, el presidente del Partido Colorado, diputado Pedro Alliana. Ese autoinculpamiento evidentemente quedó hasta ahora durmiendo inocuamente en la Fiscalía.

Igualmente, el senador Juan Darío Monges, un ferviente cartista, terminó vinculando al presidente Horacio Cartes en una acusación de pago de sobornos, al indicar que el mandatario pagaba US$ 100.000 al senador disidente Juan Carlos Galaverna para que este regule su crítica al gobierno. Obviamente el desliz del oficialista nunca llegó a sustanciarse en una investigación formal. Acusaciones de este tenor en el Congreso hubo varias.  

Estos no son casos aislados, incluso en este periodo en la Cámara de Diputados se dio una disputa por la banca correspondiente al departamento de Boquerón, donde los diputados Cornelius Sawatzky y su suplente Hans Ulrich Stahl se reclamaban la titularidad, habiendo incluso una nota de renuncia firmada antes de las elecciones por Sawatzky. La nota de renuncia supuestamente fue firmada como garantía en favor del “financista de la campaña”.

Finalmente Sawatzky siguió en el cargo, pero esa situación a su vez despertó la alerta sobre una posible estrategia para que incluso diputados suplentes sospechados ante la justicia por casos de lavado de dinero y presuntos vínculos con el narcotráfico, como el conocido Rubén Sánchez, “Chicharõ”, puedan acceder al Congreso.

De hecho, pese a estar vigente la Ley de Financiamiento Político, esta realmente no garantiza un control efectivo para impedir que personas vinculadas al crimen organizado puedan financiar las campañas políticas. Es por ello que en Diputados está pendiente de estudio la modificación de la ley.

Entre la modificaciones principales, se plantea que el control del financiamiento sea tanto en elecciones internas como en elecciones generales. La propuesta de modificación de Diputados incluso propone sanciones como impedir la inscripción de candidaturas con finanzas cuestionadas. También busca poner nombre y rostro a los aportes, prohibiendo los famosos y generosos aportes “anónimos”.

Tal vez el punto central de la modificación propuesta es prohibir la participación de vinculados a crímenes como el narcotráfico, sutiles pero importantes diferencias en ese aspecto. Por ejemplo el proyecto de Diputados sugiere que la prohibición para el financiamiento sea contra los imputados, la etapa más temprana, pero en la que ya se consolida una sospecha fundada por parte de la Fiscalía en un proceso penal. El Ejecutivo propone, sin embargo, que sea desde la etapa de la acusación. Lo malo con crímenes como el lavado de dinero es que es difícil, o a veces se tarda mucho por la complejidad del caso, llegar a la acusación, por lo que de vuelta se dejaría un pequeña puerta en casos sospechosos.

Ahora bien, el proyecto del Ejecutivo contempla la prohibición contra más crímenes que la propuesta de Diputados. Mientras el proyecto de la Cámara Baja plantea la limitación contra el narcotráfico específicamente, el del Ejecutivo agrega crímenes como el lavado de dinero, trata de personas, terrorismo, tráfico de armas y el contrabando.

Las modificaciones tanto de la Ley de Financiamiento Político como la de lucha contra las listas sábana se encuentran parados en Diputados, primeramente aplazados por falta de interés en su tratamiento, algo que ahora se acrecienta con la crisis interna en medio de las disputas por la titularidad de la Cámara, luego de cambios irregulares promovidos por el cartismo y otros sectores aliados.

Para que cualquier cambio en la ley rija en las próximas elecciones, este se debe realizar antes de la convocatoria oficial, que es el 21 de agosto próximo. El proyecto de modificación de la ley de financiamiento político, tras ser tratado en Diputados, aún debe pasar por el Senado.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...