Recordación con muchas deudas

“El Ministerio de Relaciones Exteriores en nombre del Gobierno nacional, reitera su permanente compromiso en promover y cooperar con el sistema internacional de promoción y protección de los Derechos Humanos”, indicó la Cancillería en recordación a esta fecha conmemorativa a nivel internacional.

Sin embargo, desde organismos de control mencionan con preocupación los falencias del Estado en garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, muchas de ellas son situaciones que no son nuevas, pero durante este gobierno van alcanzando picos alarmantes.

La situación de las cárceles en general es una falencia recurrente de violación de Derechos Humanos en nuestro país, algo que no solo tiene como responsable al Poder Ejecutivo, encargado de las políticas penitenciarias, sino también al Judicial, encargado de juzgar los crímenes.

"En los últimos 15 años, la población penitenciaria se cuadruplicó. Estamos hablando de que en el año 2000 teníamos 3.400 personas privadas de libertad y hoy tenemos 13.800. Un crecimiento promedio entre 1.000 a 1.500 personas por año, en un sistema que está preparado para 6.000 personas según el Ministerio de Justicia”, menciona Dante Leguizamón, miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Esta situación no solo genera hacinamiento en las cárceles, sino que se convierte  en un estigma para las personas que ingresaron a prisión, en un sistema poco efectivo para lograr la reinserción en la sociedad. Leguizamón resalta además que existe una abuso de la prisión preventiva, ya que cerca de un 75% de las personas recluidas en nuestro país no cuentan con condena firme.

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Entre la población más vulnerable se encuentran los jóvenes, y según resaltan desde el MNP en este aspecto hay varias cuestiones alarmantes. Principalmente el hecho de que en 2014 fue el último año en que se registraron muertes en centros de reclusión de menores, con 5 decesos ese año, situación que no se produjo en 2015 y 2016, hasta este año, que se volvieron a registrar 3 muertes. Esta semana que inicia, el MNP presentará un informe de las muertes en situación de encierro, ya que el Ministerio de Justicia no cuenta con un registro oficial.

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Esto se suma a las constantes denuncias de tortura, sobre todo en el Centro Educativo de Itauguá, donde su director Antonio Bazán permanece en el cargo pese a reiteradas acusaciones de abusos en su contra. La situaciones de torturas en las cárceles no son algo exclusivamente reservado para los jóvenes, sino que es una práctica casi generalizada en las cárceles del país.

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Otro llamado de atención constante sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país tiene que ver con la inseguridad en el norte, donde si bien conceptualmente las acciones de grupos criminales como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo no son violaciones de Derechos Humanos, ya que para ser considerados como tal, los abusos deben provenir del Estado, existen violaciones que sí se atribuyen al Gobierno.

Por ejemplo, el MNP recibió varias denuncias de detenciones arbitrarias y torturas en esa zona del país por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, a la vez que cuestionan que la ley permite la declaración de “estado de excepción” permanente en esa zona del país. El Estado también es responsable de no garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En el aspecto del inclumplimento del Estado en dar seguridad, también coincide en la crítica la diputada Olga Ferreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

Ferreira también resalta las “deudas” del Estado sobre todo con la mujeres en cuanto a un derecho básico como es el de la vida, mencionando los elevados casos de feminicidio. Si bien el Estado no es responsable de las acciones particulares de los homicidas, sí está obligado a buscar soluciones para que estas muertes sigan ocurriendo.

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Según menciona la diputada, la situación de violencia contra la mujer y las falencias del Estado se aprecian fuertemente en denuncias como las de acoso que se registran en la Itaipú Binacional. La misma resaltó que la mayoría de las mujeres no se sienten protegidas por el Estado para realizar las denuncias de este tipo de casos.

La legisladora remarcó que en general nuestro país tiene varias falencias, y que hay que tener en cuenta que hasta ahora no se garantiza el acceso básico de una gran parte de la población a derechos tan fundamentales como son salud y educación, que tiene como población más vulnerable a los niños.

El asesinato del joven Rodrigo Quintana a manos de la policía en el contexto de las manifestaciones contra la reelección del presidente Horacio Cartes, sin bien está siendo investigado por la Fiscalía, podría ser denunciado como una violación de derechos humanos si no se llega a todos los responsables.

Cabe recordar que hasta el momento la Fiscalía excluyó de la investigación a importantes referentes del gobierno, pese a sospechas (según el cruce de llamadas) de haber participado en la orden de atropellar la sede del PLRA sin orden judicial.