A pesar de la turbulencia social creada por el tema del Itaipú, en estos días, no se debe perder foco en la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020, dado el impacto que el mismo representa en términos económicos y sociales, destaca en su análisis de coyuntura el economista Julio Ramírez, en la última edición de la Revista Economía y Sociedad, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). Refiere que en principio, los cambios avizorados en dicho documento son débiles en comparación con los fuertes desafíos de la política fiscal, como son la justicia tributaria, la redistribución de las riquezas en forma más equitativa, la progresividad del gasto público. En este análisis se observarán las principales directrices en las que el PGN 2020 se fundamenta. “Empecemos por observar que en esta versión del PGN se presenta un déficit fiscal de US$ 1.700 millones, que corresponde a la diferencia entre lo que pretenden gastar las instituciones estatales y las estimaciones de ingresos que el Ministerio de Hacienda realiza (Gráfico 1)”, indica.
Actualmente existe en la sociedad un serio descontento con el manejo discrecional de la asignación presupuestaria, por escandalosos casos de aumentos salariales a ciertos funcionarios sin una programación previa, de funcionarios que cobran sin trabajar, más conocidos como planilleros, así como de viáticos para viajes que no producen muchos resultados. Otras malas prácticas son la contratación de parientes o de correligionarios en pago de favores políticos, incluso en puestos claves del gobierno; y, los sobrecostos en las contrataciones públicas, a veces para beneficio de empresas conectadas con referentes del poder.
Se ha debatido ampliamente acerca de la modificación del impuesto a la renta personal (IRP) y sobre el efecto que tendrían en los contribuyentes los cambios propuestos. Las posiciones en contra de las modificaciones fueron tan abrumadoras que, finalmente, el Gobierno optó por dejarlas sin efecto.
Esta es la pregunta que de forma generalizada se hacen los analistas económicos y la ciudadanía y que debería ser respondida por los hacedores de políticas del Gobierno, porque si bien es imperativa la necesidad de fuertes inversiones para reducir los grandes déficits en infraestructura en todas las áreas, también es indiscutible la necesidad de contar con capacidad de ejecución de los proyectos y con capacidad de pago de la deuda contraída, que viene incrementándose vertiginosamente en los últimos años.
El Poder Ejecutivo no logró sincerar el presupuesto 2015 mediante la ley de Responsabilidad Fiscal ni persuadir a los sectores componentes del Parlamento de la necesidad de prudencia fiscal en materia de gastos corrientes en los próximos años. Es así como en el Congreso se volvió a aprobar un presupuesto más político que técnico, que mantiene intactos los desafíos de controlar al máximo el déficit fiscal y mejorar la reducida presión tributaria persistente en el país.