¿Qué nos depara el presupuesto general de la nación 2020?

A pesar de la turbulencia social creada por el tema del Itaipú, en estos días, no se debe perder foco en la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020, dado el impacto que el mismo representa en términos económicos y sociales, destaca en su análisis de coyuntura el economista Julio Ramírez, en la última edición de la Revista Economía y Sociedad, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). Refiere que en principio, los cambios avizorados en dicho documento son débiles en comparación con los fuertes desafíos de la política fiscal, como son la justicia tributaria, la redistribución de las riquezas en forma más equitativa, la progresividad del gasto público. En este análisis se observarán las principales directrices en las que el PGN 2020 se fundamenta. “Empecemos por observar que en esta versión del PGN se presenta un déficit fiscal de US$ 1.700 millones, que corresponde a la diferencia entre lo que pretenden gastar las instituciones estatales y las estimaciones de ingresos que el Ministerio de Hacienda realiza (Gráfico 1)”, indica.

DÉFICIT FISCAL COMO PRESUPUESTO DEL PIB
DÉFICIT FISCAL COMO PRESUPUESTO DEL PIB

Agrega que esta cifra cumple con el parámetro de la Ley de Responsabilidad Fiscal (1). También en los años anteriores se logró mantener el déficit por debajo de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero eso podría significar una ineficiencia en los gastos, ya que bien se podría llegar al tope del déficit fiscal aumentando los gastos no operativos y priorizando las inversiones que tengan mayor retorno económico y social. Este argumento parecería contradecir la prudencia fiscal y alentar el gasto excesivo, pero países como el Paraguay necesitan urgentemente una mayor inversión física, incluso con déficits fiscales un poco más elevados que el promedio histórico. Esto es, siempre y cuando esos déficits sean el resultado de las inversiones físicas con niveles de gasto prudentes y controlables. De hecho, en ocasiones entró en el debate la posibilidad de flexibilizar la Ley de Responsabilidad Fiscal, considerando que el vigente tope de déficit fiscal es uno de los más bajos en América Latina y no se sabe con exactitud cuál fue el criterio por el que fue establecido en ese porcentaje.

Gasto total estimado: US$ 14.300 millones

El gasto total estimado para 2020 alcanza unos US$ 14.300 millones, que suponen una suba de 7,5% con respecto a la cifra presupuestada para 2019. Esto no incluye la solicitud de aumento salarial de los docentes, entre 12% y 16%, que implicaría una erogación de unos US$ 130 millones y podría considerase el costo político del presupuesto. Se deben sumar, todavía, el reajuste a funcionarios que ganan el salario mínimo y los pedidos de subas salariales de policías, militares y jubilados. Pero, si se concede el aumento a los profesores, prácticamente no habrá espacio fiscal para otros gastos.

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Si bien es cierto que el Ministerio de Hacienda busca la racionalidad en el gasto, en el parlamento no se considera precisamente este principio y las decisiones son más políticas que técnicas. Eso no sería un problema si dichas decisiones se tomaran con cierta racionalidad, pero el caso es que los ingresos son inflados artificialmente, sin respetar las estimaciones técnicas de la recaudación de impuestos. Ello obliga al Poder Ejecutivo a utilizar el plan financiero para controlar los gastos, pero este instrumento no permite que se recorten salarios y no alcanza al Poder Legislativo y Poder Judicial, los que manejan sus presupuestos discrecionalmente. En un intento por eliminar los gastos superfluos, el proyecto de Hacienda busca reducir las categorías salariales y haberes complementarios. Por ejemplo, disponiendo que los viajes al exterior de los funcionarios públicos deban ser en clase económica, con la sola excepción del Presidente y el vicepresidente. También se anuncia que seguirá vigente el Decreto N° 2.180/2019, que establece normas y medidas de racionalización de gastos y que, según informaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, permitió un ahorro de unos US$ 10,5 millones en el primer semestre de 20192 (2).

El PGN 2020 prevería la emisión de bonos del Tesoro por US$ 600 millones, de los cuales unos US$ 500 millones serían colocados en el mercado internacional. Si bien no se ha especificado el destino de estos recursos, probablemente serán dirigidos en gran parte al repago de la deuda pública, ya que el Gobierno no tiene el flujo de fondos necesarios para hacer frente al servicio de la deuda.

Un aspecto central del PGN 2020 es el perfeccionamiento de la metodología del presupuesto por resultados, lo que obliga a las entidades del Gobierno a afinar la fundamentación de los distintos programas, mejorar los indicadores de resultados, tener presente la participación de los involucrados en el proyecto y hacer más eficiente cada guaraní utilizado en la ejecución financiera para lograr los resultados esperados. La idea es que los programas puedan monitorearse y evaluarse mejor, tarea titánica pero necesaria, considerando que permite el uso más eficiente de los recursos públicos. La idea es que, desde 2021, los resultados de los programas públicos acompañen el proyecto de presupuesto anual y que, a partir de ahí, se evalúe si dichos programas deben seguir, ser modificados o no continuar.

Un tema pendiente es mejorar las contrataciones públicas. En todos los niveles de Gobierno hay innumerables ejemplos de compras dirigidas en condiciones desfavorables de precio y calidad para el Estado. El fortalecimiento del sistema de contrataciones debería incluir a las gobernaciones y municipalidades, considerando la falta de confianza que varias de ellas generan en la sociedad civil. En síntesis, el Presupuesto 2020 presenta reformas alentadoras en materia de calidad del gasto. Pero, en el marco de desconfianza de la sociedad con el Gobierno, solo el contraste con la realidad probará la verdadera eficacia de esas medidas.

La disconformidad de varios actores sociales por los episodios de despilfarro del dinero público y la baja calidad de los servicios públicos en las áreas de transporte, salud y educación, y la conmoción política causada por el manejo de la negociación de la energía eléctrica de Itaipú, crean un ambiente político poco propicio, con consecuencias negativas sobre la inversión y el empleo.

Empleos

Disconformidad de la gente por despilfarros y la conmoción política por el tema Itaipú tendrán consecuencias negativas sobre la inversión y el empleo.

(1) La Ley N° 5.098/2013 “De Responsabilidad Fiscal” en su Artículo 7º, inc. 1, establece que el déficit de la Administración Central no será mayor al 1,5% del PIB.

(2) https://www.ultimahora.com/estado-ahorra-g-63000-millones-contrataciones-catering-y-utilesoficina-n2837516.html

(*) Investigador miembro de Cadep.

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