Más US$ 60 millones (unos G. 270.000 millones) es lo que destina el Estado para inversión en educación con la Ley de Fonacide. Municipios y gobernaciones llevan ya casi un año y medio recibiendo los millonarios desembolsos, pero cientos de locales escolares siguen en paupérrimas condiciones, alentando la deserción escolar y la mediocridad. Con la serie, que concluye hoy, mostramos solo una parte de la realidad educativa. La ciudadanía debe exigir a sus autoridades informes y ejercer de contralor, más aún en un año preelectoralista como este, en el que más de un jefe comunal y concejal querrá competir por algún cargo electivo y echar mano a los recursos públicos para financiar sus campañas proselitistas.
Tanto las comunas como las gobernaciones reciben desde el 2012 recursos de Fonacide (Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo) para el mejoramiento de la calidad educativa de miles de niños y adolescentes del país. Sin embargo, a pesar de los millonarios fondos disponibles (G. 591.000 millones, aproximadamente, sumando 2012 y 2013), resalta más la desidia de las autoridades que administran dichos fondos que las buenas obras y acciones en favor de la educación. Pirapó, en la escuela María Auxiliadora; Ñemby, en el colegio Carlos A. López, y Loma Plata, en el colegio Primeros Colonos del Chaco, fueron los tres únicos municipios que construyeron una sala de informática en sus comunidades, según los registros oficiales.
En Mariscal López y Santa Rita se presentan dos muestras claras de que los mandatos judiciales solo se respetan cuando afectan a personas bien posicionadas políticamente o, simplemente, que tienen un sólido respaldo económico. Los “guardianes del orden” ponen en tela de juicio y simplemente no ejecutan las órdenes de desalojo.
Las acusaciones de que “corren” fuertes sumas de dinero para dilatar los conflictos por la tenencia de la tierra en el distrito de Mariscal López cada vez cobran mayor fuerza. La Jefatura Departamental de la Policía Nacional y el propio Ministerio del Interior no cumplen una orden de desalojo emitida en julio de este año por la jueza Máxima Meza para las fincas 80 y 240.
Desde hace un tiempo, los indígenas de la parcialidad Mbya Guarani vienen pidiendo que se les ayude a ingresar en el sector productivo para no depender más de las entregas de víveres que el Gobierno les viene proporcionando a través del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Cambiaron de mentalidad y quieren dejar de ser mendicantes.
Las promesas de asistencia a pequeños productores es la constante de los gobiernos de turno. El gobierno central poco hizo en la materia. Nunca existió una política de Estado que contemple el mejoramiento de la calidad de vida del pequeño productor, a tal punto que hoy en día observamos, en casi todos los distritos, la venta masiva de terrenos agrícolas fértiles que terminan en manos de grandes productores, generalmente extranjeros.
Muchas veces, el hombre paraguayo cree que siendo “letrado” (acepción nuestra del avivado sinvergüenza) está generando su propio progreso. El letrado es capaz de estafar y robar con la conciencia tranquila. No lo ve como un delito, sino como algo que él toma “aprovechando” el descuido del dueño al que considera un “výro” (tonto).