Rocío Portillo Galeano

Limpio, distante a apenas 20 kilómetros de Asunción, es una ciudad que proyecta total abandono. Las autoridades comunales que asumieron hace poco menos de dos años “resplandecen” por su inoperancia.

Desde hace 15 días los pobladores de Villa Hayes se encuentran sin el servicio de agua corriente. Esta situación se da en pleno siglo XXI y a escasos 30 kilómetros de la capital del país, debido a la pésima administración de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), a cargo de Laura Uliambre, “hurrera” del clan Núñez. Mientras ella goza de vacaciones en la Argentina, 5.000 usuarios sufren por la falta del vital líquido en la capital de Presidente Hayes.

El departamento de Presidente Hayes cuenta con ocho distritos, de los cuales siete (Villa Hayes, Puerto Falcón, Nanawa, Gral. José María Bruguez, Tte. Esteban Martínez, Tte. 1º Manuel Irala Fernández y Puerto Pinasco) viven en el olvido por parte de sus autoridades municipales. Estos no escatimaron esfuerzos en dejar las comunidades en ruinas, llenándose los bolsillos y olvidándose de dar respuestas a las necesidades del pueblo que los eligió.

Varias autoridades municipales del departamento de Presidente Hayes no rindieron cuentas sobre el uso de los recursos recibidos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties.

Este 2015 se inicia cargado de esperanza para todos, especialmente para los intendentes que precisan hacer el rekutu, para tapar el gran agujero administrativo que arrastran desde el comienzo de sus gestiones en 2010. La mayoría tiene la mente puesta en las transferencias de los fondos de compensación –Fonacide y Royalties– con la sola idea de despilfarrar el dinero público, y los aportes de los contribuyentes con el pago de los tributos comunales.

Escuelas con obras inconclusas o en estado de abandono, rendición de cuentas poco clara y la injerencia política a la hora de elegir a qué instituciones beneficiar por parte de los administradores de los recursos del Fonacide, despojan a niños y adolescentes de su derecho universal de recibir educación con calidad. No se sabe con exactitud qué pasó con unos 32 millones de dólares que debieron invertir los intendentes, con corresponsabilidad de sus concejales, en infraestructura escolar.

La deficiente administración de los miles de millones de guaraníes del rubro del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por parte de las municipalidades priva a cientos de niños de todo el país de la oportunidad de recibir una educación acorde a estos tiempos. La Dirección de Administración y Finanzas del MEC aseguró que todas las intendencias en donde se registraron irregularidades ya fueron denunciadas ante la Contraloría; sin embargo, esconde los nombres.

Ninguna de las instituciones que deberían velar por el buen uso del dinero público se interesa por controlar los recursos destinados al Fonacide. Lo peor de esta desidia es el daño tremendo que causa a los niños y adolescentes que deberían contar con comodidades mínimas para estudiar. Todo indica que ni la Contraloría General de la República ni el MEC se ocupan de verificar dónde, quién y cómo se está despilfarrando la millonaria suma asignada para el mantenimiento y construcción de nuevas aulas. Todos se lavan las manos, mientras cientos de locales escolares son meras taperas que causan vergüenza y desilusión a la ciudadanía.