Los 12 concejales, entre colorados, liberales e independientes, son simples espectadores de la triste realidad en que se encuentra sumida la ciudad, administrada por el intendente Carlos Palacios (PLRA), quien en noviembre de 2015 terminó con décadas de hegemonía del clan Gómez Verlangieri. La sumisión y el silencio de los habitantes también permitieron que el municipio se sumerja en el deplorable estado en que se encuentra.

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 de la Comuna limpeña es de G. 35.000 millones y, según la página web del Ministerio de Hacienda, de enero a julio la Municipalidad recibió G. 12.448 millones en concepto de royalties, Fonacide y juegos de azar. Las cifras millonarias no se reflejan en obras de gran envergadura.

¿Dónde fueron a parar todos esos recursos? es la gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos limpeños, que día a día deben sortear baches y barriales para poder llegar a su lugar de trabajo o estudios.

La situación de la ciudad es tan lamentable que hasta los mismos acérrimos detractores del clan Gómez Verlangieri y su entorno –que durante casi toda la transición de la democracia manejan la Comuna y se enriquecieron– aseguran que “el pasado fue mejor”. La ciudadanía solo ve mejoras en la vida del jefe comunal y la mayoría de los concejales; nada nuevo en comparación con el cuarto siglo de mandato de los azules.

Ahora los concejales se olvidaron completamente de sus funciones, ya que están enfrascados en cazar votos a como dé lugar, para lograr un lugar como diputado, senador o concejal departamental. No asisten a las sesiones, hacen oídos sordos a los reclamos de los pobladores críticos y pedido de auxilio de los habitantes de barrios sumidos en necesidades.

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