Ante la controversia suscitada por la promoción (por parte del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia), de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 3759/09 “Que Regula el Procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados y Deroga las Leyes Antecedentes”, resulta oportuno realizar algunas precisiones estrictamente jurídicas sobre el texto de la referida norma legal.