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De acuerdo a los antecedentes de este caso, la ANNP, tras anular la adjudicación de la licitación a la firma Gical SA, procedió a firmar el contrato pertinente con el Consorcio Mercosul, en febrero de 2012 (todavía durante el gobierno de Lugo).
Sin embargo, el titular de la entidad pública, Fernando Nicora, informaba el 22 de agosto del año pasado a la adjudicataria que ha ordenado la íntegra verificación de todo el proceso licitatorio, a los efectos de determinar su legalidad y legitimidad.
El propósito es salvaguardar los intereses de la institución, considerando la supuesta existencia de cláusulas que son inconvenientes y perjudiciales para el Estado paraguayo.
Además, existe la sospecha de que uno de los componentes del citado consorcio es apenas una firma de escritorio.
La presentación de Montalbetti ante el Ministerio Público sostiene que existen documentaciones, entre las que se menciona el informe del asesor jurídico de la ANNP, abogado Pedro Candia, de fecha 3 de junio de 2013, al igual que el Memorándum Nº 7, de la gerencia administrativa de la ANNP, remitida al entonces presidente Vidal Francia Zaracho, y las notas CGR Nº 7289, del 16 de diciembre del 2010, como la 4152, de fecha 2 de julio del 2010, ambas de la Contraloría.
Todas ellas demuestran que existieron hechos irregulares en el proceso, según el escrito de Montalbetti.