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La agente fiscal Marlene González de Ovelar, en la causa Banco Central sobre desacato, solicita al titular del ente monetario central, Jorge Corvalán, un informe sobre quiénes de los directores de la banca matriz, así como los responsables de la asesoría jurídica y abogados, estaban cumpliendo funciones del 13 al 21 de febrero del corriente año, periodo en el cual se dictó sentencia para el pago de unos G. 3.183 millones al abogado Francisco González, exfuncionario del BCP.
De esta forma las autoridades nacionales que tienen como objeto supervisar la estabilidad del sistema financiero y de la moneda se encontrarían sometidas a un proceso penal, por desacato a la orden judicial.
El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno, Hugo Bécker, había dispuesto el 13 de febrero de este año el pago de los honorarios, pese a las claras disposiciones en contrario contenidas en el Art. 12 de la Ley 1376/88 y al Art. 105 de la Constitución Nacional. A fin de evitar el millonario pago (G. 3.183 millones de guaraníes) la Procuraduría General de la República promovió una acción autónoma de nulidad.
El Estado pudo evitar el enorme despojo de su patrimonio a través de la medida cautelar solicitada por la Procuraduría. Sin embargo, el día 17 de mayo último, sin mayores preámbulos, la jueza Julia Alonso concede una nueva medida cautelar a Francisco González, ordenando el depósito de la suma reclamada en una cuenta en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La jueza ignoró directamente la medida cautelar anterior dictada en el mismo juicio, que aún sigue vigente, pues la misma no se ha revocado.
Por otra parte, el juez Hugo Bécker también trabó embargo contra el salario y bienes del gerente jurídico del BCP, Aldo Rodríguez, hasta cubrir una suma superior a G. 170 millones.
El caso se relaciona con la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) que se inició a finales de la década de los noventa. En aquel entonces, el abogado y funcionario del BCP Francisco González junto a su colega Fausto Portillo intervinieron en el juicio, solicitando la quiebra de la entidad y la inclusión del crédito correspondiente. A criterio del ente monetario, ambas actuaciones se dieron en el marco de la ley y en cumplimiento de la misión oficial del BCP como vigilante de la estabilidad, por lo que no correspondía la regulación reclamada.