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“Cansados de esperar por la reforma agraria prometida por diferentes Gobiernos, vamos a retomar la lucha con las invasiones de los latifundios en todo el país”, declaró ayer Carlos Aguilar, dirigente de la FNC. El mismo aparece como tercero en la línea de mando del gremio, detrás de Teodolina Villalba y Marcial Gómez.
“Los sintierras, si no invaden propiedades, morirán sin tierra, porque el Gobierno no da respuestas”, alegó.
Antecedentes en 2004
La anterior vez que la dirigencia de la FNC anunció invasiones de tierras fue en 2004. El entonces líder de ese gremio, Odilón Espínola, había anunciado el 3 de noviembre de ese año que preparaban invasiones de propiedades de más de 3.000 hectáreas en San Pedro, Caaguazú, Guairá, Misiones, Canindeyú y Caazapá, porque “la única vía es la medida de fuerza, no hay salidas institucionales”, decía.
Así fue que el 29 de noviembre de 2004, la FNC ocupó una propiedad de 10.000 hectáreas en Guayaibí y otra finca de 3.000 hectáreas en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, que se convirtió en el asentamiento Felipe Osorio.
Ocupaciones en 2000
Tras la marcha campesina de la FNC en marzo del 2000, también se anunció ocupaciones masivas, y así, unos 1.500 sintierras, hombres y mujeres, ocuparon en el departamento de San Pedro la propiedad de Evaldo de Araújo, brasileño, y otras fincas de Canindeyú.
La ocupación se cumplió en tres etapas sucesivas: el primer ingreso fue desalojado por la Policía, con la muerte del campesino Crescencio González, quedando también un saldo de más de 30 heridos graves.
Tras una reorganización, comenzó la segunda ocupación, con 1.000 personas, que de nuevo fueron desalojadas por fuerzas del orden, lo que generó la muerte de los campesinos Felipe Osorio, Huber Duré y Justo Villanueva.
Con ese escenario, el Gobierno negoció con la FNC la entrega de 10.000 hectáreas de tierras: 5.000 para el asentamiento que hoy lleva el nombre de Crescencio González (en San Pedro) y otras 5.000 hectáreas para el asentamiento que lleva el nombre de Huber Duré (Canindeyú). Para el cierre del acuerdo, la FNC puso entonces como condicionamiento la legalización de todas las ocupaciones de la FNC, que eran por lo menos 12 en ese momento solo en San Pedro.
“Retirar fuerza militar”
Por su parte, el secretario general adjunto de la FNC, Marcial Gómez, pidió ayer que el Gobierno retire del campo a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). “Nuestro posicionamiento es contra la militarización, que los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta regresen a sus cuarteles”, dijo.