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Recordó que tras la intervención del local de telefónica Tigo, realizada el 28 de marzo pasado, la institución procedió a la suspensión de los juegos que la empresa estaba explotando clandestinamente, ya que tampoco contaban con la autorización correspondiente.
Agregó que tras la medida, la firma prometió suministrar toda la documentación a Conajzar, que no fue materializado hasta ahora, pero presentó una nota a la comisión, planteando realizar una compensación o el pago de multas correspondientes. “Esa nota ingresó en el orden del día de Conajzar, y todos los miembros de la comisión concluyeron que no tenemos atribuciones legales para el efecto, por lo tanto, en vista de esa presentación y antes de la derivación del caso a la Fiscalía General del Estado, enviaremos todos los antecedentes a la Procuraduría General del Estado, a la que solicitaremos un dictamen”, dijo Balbuena.
Explicó que la consulta a la Procuraduría tiene el propósito de que el órgano jurídico superior del Gobierno les indique qué caminos seguir. “Entiendo yo que podrían ser dos situaciones: realizar un acuerdo compensatorio con Tigo o enviar el caso directamente al Ministerio Público, porque a entender de los responsables técnicos de la Conajzar, al no tener la empresa autorización para la realización de dichos juegos, tanto los anteriores como actuales, son clandestinos”, aseveró.
Acotó que para la ley todo juego de azar que no cuente con autorización de la autoridad competente es considerado clandestino, es decir, un delito.