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Mientras el país libra lo que, ojalá, sea la batalla final contra el coronavirus, hay asuntos de extrema importancia que no se pueden seguir demorando, so pena de comprometer las bases mismas del proceso de desarrollo nacional y la calidad de vida de esta y las siguientes generaciones. Uno de los más trascendentales es la reforma previsional. Los que ilusamente creen que este es un tema que no les compete o que no es lo suficientemente urgente están completamente equivocados.
Prácticamente todos los que están leyendo estas líneas, o son jóvenes iniciándose en sus carreras laborales o profesionales, o están transitando sus primeras etapas, o son personas cuyos hijos o nietos lo están haciendo o lo harán muy pronto. Si no se toman medidas ahora, en un tiempo más corto de lo que se piensa estas personas estarán en graves problemas, ya sea porque llegarán al final de sus vidas productivas y se quedarán sin ingresos, o porque tendrán que pagar altísimos impuestos para sostener a una gran masa de la población de tercera edad sin ningún tipo de ahorro previsional y que, debido a ello, deberán ser de un modo u otro mantenidas por el Estado, es decir, por los contribuyentes.
Apenas un 23 por ciento de la población económicamente activa en Paraguay aporta actualmente a algún sistema de seguridad social y jubilatorio, la cuarta tasa más baja en el continente detrás de Jamaica, Honduras y Nicaragua. Si las cosas no cambian rápidamente, en 20 años habrá por lo menos 2.600.000 personas fuera del sistema que ya no estarán en edad de trabajar y que no tendrán medios para subsistir. Para tener una idea de lo que esto significa, solo para pagarle la mitad de un sueldo mínimo mensual a cada uno se necesitarían a precios actuales 5.000 millones de dólares al año, una cifra que supera en más del 40 por ciento el total de las recaudaciones tributarias y aduaneras del país.
Para no llegar a esa dramática situación se requiere una reforma estructural que consta de dos vertientes fundamentales. La primera es la universalización de la cobertura para que todos los trabajadores del país, sean asalariados o cuentapropistas, formales y aun informales, pequeños y hasta grandes empleadores, contribuyan obligatoriamente y desde ahora a alguna caja jubilatoria. Y la segunda, un sistema firme y fiable de supervisión para dar ciertas garantías de que los ahorros a largo plazo de la fuerza laboral sean bien administrados y cumplan con sus fines.
La polémica discusión sobre si el sistema debe ser “de reparto”, como el que rige en el Paraguay, o de “capitalización individual”, se puede dejar para más adelante, por las características demográficas del país, con una gran proporción de población joven que tardará todavía varias décadas en empezar a revertirse, y porque la factibilidad de los ahorros previsionales individuales, sobre todo para los trabajadores de bajos ingresos, todavía está por verse en la práctica. Pero tanto la universalización como la supervisión son absolutamente perentorias.
La universalización necesariamente debe comenzar por el Instituto de Previsión Social, que por magnitud y patrimonio es la principal caja jubilatoria nacional. Actualmente, solo 4 de cada diez de los obligados por ley a aportar, lo hacen, y la evasión patronal es de más del 90 por ciento, ya que solo hay 63.000 empresas inscriptas de las 700.000 que hay en el país según el MIC. A eso hay que agregar la generalizada evasión parcial, ya que hay una mayoría que solo aporta por el mínimo y luego se “sincera” los tres últimos años para elevar el monto de su jubilación, con lo cual su contribución relativa es muy inferior a su beneficio, algo no solo injusto, sino sumamente pernicioso para las finanzas del instituto.
Si nada cambia, se estima que el flujo de caja del fondo de jubilaciones y pensiones del IPS empezará a arrojar saldos rojos (los egresos serán mayores que los ingresos) en 2044, y que las reservas técnicas alcanzarán, en el mejor de los casos, para cubrir las jubilaciones otros 30 años más. Eso significa que, si no se hacen reformas, eso sin considerar el despilfarro y la corrupción, bastante antes de fin de siglo el IPS estará agotado por completo.
Hacer cumplir imperiosamente la ley para alargar la vida útil del IPS es crucial, pero la reforma previsional va mucho más allá. Pasa por instituir contribuciones obligatorias a toda la población económicamente activa y, a la vez, someter a todas las cajas, incluyendo el IPS, a la exigencia de rendir cuentas ante un organismo especializado, que aplique normas internacionalmente aceptadas, que haga cumplir las reglas y que controle los ratios de solvencia, de una manera similar a como lo hace la Superintendencia de Bancos con el sistema financiero.
Cualquier régimen de ahorro sin adecuada supervisión es una fórmula para el desastre y Paraguay ya ha tenido sus amargas experiencias con las crisis financieras de los noventa, con los créditos directos del IPS o con el “robo del siglo” en la Caja de Jubilaciones de Itaipú. Aquellos que se oponen utilizan argumentos interesados y falaces. En el caso del IPS, por ejemplo, repiten que el instituto “no es del Estado, sino de empleadores y trabajadores”, pero ¿quién nombró a la Feprinco o a las centrales obreras, que tienen sus cómodos lugares en el consejo de administración, representantes de 900.000 aportantes?
Esta reforma es un compromiso de esta generación con el país y con nuestros hijos. Si no asumimos nuestra responsabilidad y no la llevamos adelante, les habremos fallado imperdonablemente.